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Gloria Silvia Orellana
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“La explotación de material pétreo de parte de la DOM afecta al cerro El Pericón, y pone en riesgo el abastecimiento del agua” en el distrito de Jocoaitique, en Meanguera, Morazán, resaltó, Margarita Recinos, lideresa comunitaria de la Mesa de la Microcuenca La Joya-Pueblo.
La población interpuso el 29 de junio una denuncia contra la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), ante el Juzgado Ambiental de San Miguel, pero esta no fue atendida porque era el día del “servidor judicial” y por tanto, tenían asueto remunerado los empleados.
La inspección solicitada fue programada para el 11 de julio, a la cual, llegaría el Juez del Juzgado Ambiental e integrantes de la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia, para la inspección judicial, pero tampoco asistieron a la zona de recarga hídrica adyacente al Cerro El Pericón, que está ubicada entre Perquín y las cercanías de Arambala, Morazán.
Hemos estado todo el día acá para recibir al juez ambiental, que había citado a las comunidades para realizar una inspección y ver de donde se está sacando material pétreo por parte de la DOM, manifestó Recinos.
“El caso es que no vinieron, entonces, exigimos a las autoridades competentes a ser responsables con el tiempo y como población afectada. Nosotros necesitamos conocer lo que está pasando en el territorio, es por esto que exigimos la inspección”, alegó Recinos.
La reiterada cancelación de la “inspección judicial” del Juzgado Ambiental de San Miguel y la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Microcuenca Joya-Pueblo, ha generado incertidumbre entre las comunidades y organizaciones ambientalistas, en donde residen más de 10 mil habitantes, quienes serían perjudicados, así como la fauna y flora silvestre.
La zona referida es de “recarga hídrica”, la que se encuentra adyacente al Cerro El Pericón, y es donde la Dirección de Obras Municipales (DOM), se encuentra talando árboles a las que luego terracea (hacer laderas de tierra sin cobertura vegetal) para facilitar la extracción del material pétreo.
Las comunidades de la zona, junto al Foro del Agua El Salvador, la Mesa de la Microcuenca La Joya-Pueblo y la Mesa Territorial Foro del Agua Morazán, ADESCOS y Juntas de Agua Comunitarias del municipio de Morazán Norte elevaron su voz para exigir el cumplimiento del derecho humano al agua, y el cese de esta actividad extractiva.
Según testimonios de la población afectada, esta actividad extractiva de la DOM está dando paso a que “muchas fuentes de agua” en la zona estén disminuyendo su nivel y caudal, lo que viene a afectar de manera directa a la población en donde no sólo afecta el acceso al derecho humano del agua, sino también a la salud y a contar un medio ambiente sano.
“Esta extracción de material pétreo está dañando las fuentes de agua que abastece del recurso hídrico a todo Jocoaitique y Arambala; por eso exigimos la inspección como población para conocer los daños reales que tendremos en el futuro”, manifestó.
“En ese sentido exigimos que el juez ambiental sea más serio, que cumpla con lo que él propone realizar en el territorio y aquí estaremos para acompañarle como población afectada. Sabemos que son decisiones que ellos van a tomar (Juzgado Ambiental y Unidad de Medio Ambiente CSJ), por esto la población les exige se cumpla la Ley Ambiental”, sostuvo Recinos.
Mientras, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) está realizando la extracción de material pétreo en el cerro El Pericón, Arambala, en Morazán Norte, y por esto ha sido denunciado por las comunidades ante la destrucción que se está realizando de las fuentes de agua.
El Foro del Agua El Salvador, la Mesa de la Microcuenca La Joya-Pueblo y la Mesa Territorial Foro del Agua Morazán, ADESCOS y Juntas de Agua Comunitarias del municipio de Morazán Norte, manifestaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe reevaluar de “manera detenida los permisos de explotación”, que involucren los bienes naturales en la zona Norte de Morazán.
Asimismo, estipulan que el Juzgado Ambiental de San Miguel debe ejercer un liderazgo de “protección ambiental” y de cumplimiento al derecho de un medioambiente sano para la población que por este momento enfrentan afectaciones en sus zonas de recarga hídrica. Lo que podría traer escasez de agua de consumo entre las comunidades.
Así también, señalaron que el Estado salvadoreño, a través de sus diferentes dependencias, deberá garantizar el cumplimiento de las “medidas ambientales”, y resarcir los daños ambientales ocasionados a las comunidades.
“Ya no deben dar permisos ambientales de esa manera, esos permisos otorgados para explotar los bienes naturales en la zona norte de Morazán. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería le exigimos que ya no otorgue permisos de tala de árboles”, puntualizó Recinos.
