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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), en su área de derechos laborales, abordó el tema sobre los desafíos de la juventud, en especial las jóvenes que buscan insertarse en el empleo formal del país.
Karen Rivas, coordinadora del Área de Derechos Laborales del SSPAS, afirmó que seguirán apoyando acciones e iniciativas de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil en su lucha por la “erradicación del flagelo de la violencia contra las mujeres”, y la promoción de una vida libre de violencia.
Al mismo tiempo, abordaron el tema de la “Justicia Laboral: Retos y Desafíos en la Búsqueda de la Igualdad y Equidad para las Juventudes”, que contó con los insumos obtenidos del Observatorio de Derechos Laborales del SSPAS.
“Este seguimiento ha permitido identificar, que entre marzo a junio de 2024, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) registró 919 denuncias por despidos injustificados de personas jóvenes entre los 18 a 29 años de edad, de los cuales el 39% (363) son mujeres y el 61% (556) son hombres”, afirmó Rivas.
Mientras, la Procuraduría General de la República (PGR), registró 361 denuncias por “despidos injustificados”, en ese mismo período (marzo-junio 2024), con un 46% mujeres (164 casos ) y un 54% hombres (197 casos), que marca el espinoso camino del empleo formal para la población joven del país.
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, entre enero y julio del presente año, la asistencia legal a 12 casos por violencia laboral a mujeres entre los 18 a 29 años de edad. Y todas trabajadoras de instituciones gubernamentales”, señaló.
“Este último dato es particularmente preocupante , ya que refleja la falta de cumplimiento de las normativas que exigen las instituciones públicas en implementar políticas para la prevención y erradicación de la violencia y discriminación laboral”, argumentó Rivas.
Información oficial limitada para documentar fenómeno laboral
Karen Rivas lamentó también que los datos que han venido recopilado a través de la Ley de Acceso a la Información Pública sean tan limitados, que no les permite obtener otros elementos estratégicos vinculados a estas denuncias y evaluar de manera más amplia el seguimiento y resolución de la violación a los derechos laborales por parte de la institucionalidad gubernamental.
“Sólo hemos obtenido el número de atenciones, más no las resoluciones que pudieran haberse dado. El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República, trabajan de la mano y se considera que los casos que se judicializan a través de la PGR tienen algún tipo de resolución”, mencionó.
“La situación de las personas jóvenes en el acceso al trabajo formal es sumamente complicado y es precario, sobre todo, para las mujeres, según la DIGESTYC (2023) la mayoría de mujeres están inmersas en el trabajo informal, y que no tienen condiciones para acceder a un empleo con las prestaciones de ley”, mencionó Rivas.
Desde el lanzamiento en el año 2021, el Observatorio de Derechos Laborales del SSPAS cuenta con un registro de 84 jóvenes en “situación de vulneración laboral”.
De estos casos registrados 50 son mujeres y 34 hombres. Y durante el período de 2023-2024 atendieron el rango de edad de los 18 a 29 años, un total de 18 casos, 15 (mujeres) y 3 (hombres).
Jóvenes que trabajan desconocen sus derechos laborales
Karla Guidos, directora de Programas de Formación y Empleo del Servicio Social Pasionista (SSPAS), manifestó que el Observatorio les ha permitido identificar que los derecho más vulnerados entre las juventudes es el acceso a la justicia laboral, atendiendo casos de despidos de mujeres embarazadas y el impago de indemnizaciones por despidos injustificados.
“El derecho del trabajo decente es vulnerado también, al no pagar las horas extras, el impago de prestaciones de ley y salarios justos. Y también, está el ambiente laboral libre de violencia en donde ellos y ellas reciben tratos denigrantes y acoso laboral”, expresó Guidos.
Sobre los casos atendidos (76%), de mujeres jóvenes han denunciado el acoso laboral y los tratos denigrantes en los espacios de trabajo, ambas relacionadas con el “derecho al ambiente laboral libre de violencia y la no discriminación”, Y el 24% restante de estos casos son hombres jóvenes, que denuncian el impago de indemnizaciones por despidos injustificados .
“Los jóvenes están viviendo la precariedad del empleo -de hecho-, en el último informe de la OIT, reporta que el 50% de las juventudes actualmente están en empleo informal, con bajos salarios y con trabajos que no cubren todas las prestaciones de ley del salario mínimo como horas extras, vacaciones y sólo en trabajos de medio tiempo”, explicó.
“Hay una alza a nivel mundial en cuanto a la economía, canasta básica y también esto agudiza a las juventudes en su acceso a la educación, y los que pasan a educación superior también es difícil. Es muy preocupante que toda la línea de empleo y sobre todo en las juventudes sea insuficiente en nuestro país”, consideró Guidos.
El Servicio Social Pasionista también exhortó a las instituciones del Estado, en su calidad “garantes” de los derechos fundamentales de la población, a fortalecer los mecanismos de protección de los derechos laborales, así como el acceso real y efectivo a la justicia laboral en casos de vulneraciones, siendo ágiles y accesibles.
“Como Servicio Social Pasionista siempre hemos tenido esa línea de generar esa proactividad de promover y generar acciones que vayan hacia las juventudes. De hecho, algo que nos preocupa es el acceso a la educación, que ahora es donde se ven más afectadas”, expresó.
“Como SSPAS acompañamos a las juventudes de Mejicanos, Cuscatancingo y la zona Metropolitana de San Salvador, aperturando programas de formación integral en donde se promovemos la cultura de derechos humanos, la cultura de paz y también la línea de género”, indicó Guidos.
Para la directora de Programas de Formación y Empleo del Servicio Social Pasionista (SSPAS), es fundamental que el Estado cumpla creando programas de capacitación en derechos laborales de forma continua y garantizar el acceso a la justicia sin distinción de condición social, económica o geográfica de los y las denunciantes.
“El Estado debe fomentar la creación de empleos formales con condiciones laborales y dignas para mujeres jóvenes en su diversidad. y programas de inserción laboral y formación profesional con enfoque de género e inclusión”, acotó.
“El Estado debe asegurar que los programas de empleo juvenil contemplen medidas específicas para prevenir la discriminación y violencia en los lugares de trabajo.
Y las empresas privadas promuevan acciones de prevención dentro de los lugares de trabajo para favorecer ambientes libres de violencia, con énfasis de proteger a las mujeres jóvenes”, puntualizó Guidos.
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