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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Violencia, impunidad y difícil acceso a la justicia contextualiza el entorno de la población LGBTI de América Latina y el Caribe, recopilado en el libro “El Prejuicio no Conoce Fronteras” que reporta más de 1,300 personas asesinadas en los últimos cinco años en la región, según acreditan diversas organizaciones de protección a derechos humanos.
Lucía Baca de la organización Colombia Diversa que forma parte de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI señaló, que iniciaron este proceso por el “déficit impresionante” en documentar este tipo de agresiones en todo los estados latinoamericanos.
“Cada uno de los estados de la región no recoge el número de homicidios de las personas LGBT. ¿Qué significa esto?, es decir, se invisibiliza la violencia que están sufriendo las personas gay, bisexual, lesbianas, trans e intersexuales. Por otra parte, no se pueden generar soluciones efectivas a esta violencia, porque no cuentan con datos, no hay información que de cuenta cómo está ocurriendo, para generar políticas públicas para remediar la situación”, acotó Baca.
El homicidio es considerado el último eslabón en la discriminación a la que se ven enfrentadas las personas LGBTI; después de su muerte las víctimas son señaladas como responsables de sus propios asesinatos. Las organizaciones afirman que hay situaciones en que las investigaciones forenses están sesgadas por prejuicios y estereotipos anticipados.
La Red Regional pretende a través de un trabajo en conjunto con organizaciones de diez países de la región y el Caribe reunir toda esta información, y así construir una metodología que sirva para establecer parámetros y estadísticas veraces de este tipo de casos, para luego exigir una serie de propuestas de protección jurídica, crear un registro oficial, eficiente y cómo responder a esa violencia.
“Matar a una mujer lesbiana -por ejemplo- manda un mensaje de rechazo a cada una de las mujeres lesbianas de esa ciudad y país; y cuando no lo investiga, no reacciona, no condena, entonces manda un mensaje de desprotección desde el Estado. Según el informe Honduras, Colombia y El Salvador los que más casos de violencia reportan. Por esto es que estamos construyendo esta iniciativa y documentando la violencia, para que los estados asuman”, agregó.
Asimismo, comentó que las personas LGBTI previo a su homicidio como máxima expresión de violencia, ya han sufrido discriminación y exclusión en los sistemas de educación, salud, laboral y seguridad. Y, en su ámbito privado el rechazo familiar y comunitario.
Desde su Observatorio-SIn Violencia LGBTI han estado priorizando llevar un registro fidedigno, que no solo de contextualización al asesinato de personas LGBTI, sino también un llamado de atención a las entidades de gobierno y estados latinoamericanos a reorientar políticas públicas de protección y visibilización de sus derechos humanos.
El llamado, agregó Baca. Se extiende a las organizaciones de derechos humanos como la CIDH, Corte IDH y el sistema de las Naciones Unidas (ONU), para sumar los esfuerzos y establecer estrategias para atender esta demanda de la población LGBTI; de los cuales los más afectados por crímenes de odio son los gays y mujeres trans.
“No podemos comparar en diferentes regiones, porque las metodologías son diversas. En Europa tienen otra metodología que no se adapta la nuestra, pero en América Latina y el Caribe la situación es muy alarmante y podría ser de las regiones más mortíferas para las personas LGBT. Ya hay estados que están recabando este tipo de información, a través de encuestas o con sistemas de información; es la esperanza, si algunos países lo están haciendo lo pueden hacer otros”, indicó Baca.
Bianka Rodríguez de CONCAVIS-Trans reafirmó, que la población LGBTI en el país sufre de “desprotección jurídica a sus derechos”, que inicia desde el interior de sus hogares al sufrir violencia por su identidad de género. “En el informe se han compilado muchos casos de violencia de diez países entre América Latina y el Caribe, y en ninguno se percibe la atención inmediata a la violencia que son antesala a la mayor expresión de violencia, que es el crimen de odio o el asesinato de la persona por su orientación sexual o identidad de género. El Estado no permite el acceso a la justicia de las personas LGBTI en aquellos casos de denuncia y tienen la particularidad que pueden denunciar acoso, persecusión, hostigamiento por parte de estructuras delincuenciales o agentes del Estado”, concluyó.
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