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Con un despliegue pequeño de observadores en espacios coordinados desde el Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador (FECLAI), algunas personas de la población LGTBI constataron que hay mejoras, pero aún faltan avances para incluir de manera completa a este grupo poblacional.
Edgardo, parte de este colectivo y un defensor de los derechos de las personas LGTBI, quien omitió su nombre completo, indicó que monitorearon que, particularmente las personas trans, pudieran votar de forma efectiva y sin obstáculos. “Les han permitido votar a diferencia de otras elecciones en las que las sacaron del centro de votación, esta vez no ha sido así”, manifestó.
No obstante, lamentó que hubo casos en los que algunas personas de las mesas de votación les trataron con “cierto recelo”. “Veían el documento (Único de Identidad), lo volvían a ver, llamaban a otra persona para que también vea al votante, es incómodo el proceso, pero al menos no les han negado el derecho al voto”, expresó.
Para las personas trans a veces es complicado votar porque no coincide la expresión de género con la que se identifican con la de su documento. “Esperemos que llegue un momento en que las personas trans puedan tener un documento y no tengan que enfrentar ningún tipo de observaciones o bemoles como estos”, recalcó.
Agregó que: “Esto es lo que genera escozor en los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, que desconfían y a veces tratan de hacer sentir mal a las personas”. Edgardo dijo que, si bien hay mejoras en el proceso electoral salvadoreño, estas no lo convierten en un proceso óptimo.
“En este avance debe reconocerse a las personas que han hecho el esfuerzo para capacitar a las JRV”, destacó, pero este esfuerzo es “como poner una viga de madera en vez una columna de verdad. Esto debe hacerse a través de una legislación que sea “garantista” para las personas trans y para la no discriminación de otras personas por otros factores”, enfatizó.
El país ha firmado pactos internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión Consultiva 2417, ratifica como de aplicabilidad absoluta y total a la población LGBTI, por lo que El Salvador como firmante de la Convención tiene que armonizar su legislación y sus prácticas.
“Eso tiene que hacerlo porque lo que la Corte ha mencionado que cualquier persona que presente su caso por una situación de discriminación ganaría y podrían venir sanciones al país sino tiene una legislación adecuada de reconocimiento de las uniones del mismo género, de la identidad de género, de la no discriminación, de interseccionalidad de la no discriminación”, finalizó.
