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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Esta actividad es parte de la difusión y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI desde el Observatorio Nuestra Mirada”, dijo, Vilma Vaquerano, coordinadora de observatorios de ORMUSA, en la presentación del Informe sobre el Impacto de la Violencia Institucional y la Discriminación en la Población LGTBI
“Se analiza el contexto en los ámbitos de violencia, acceso al empleo y la respuesta del funcionarato en cuanto lineamientos y compromisos en el marco derechos humanos. El acceso a los servicios públicos y el acceso a la justicia de la población LGBTI”, agregó Vaquerano.
Vaquerano agregó que el contexto de los derechos humanos de la población LGBTI ha estado invisibilizada históricamente y que se desencadenan en los “sesgos” de falta de conocimiento o prejucios que hay sobre esta población.
“Este documento que van a presentar enfatiza la capacitación del funcionariado, sobre todo, y los avances que debe haber desde la institucionalidad desde su parte interna hacia lo público, eso es clave, sobre todo, porque hay mucha desinformación sobre los derechos de la población LBGTI”, acotó Vaquerano.
Mientras, Marcos Molina, encargado del componente de Diversidad de Derechos Sexuales y Reproductivos de ORMUSA, señaló en la presentación de los resultados de la investigación en torno a los impactos físicos, psicológicos, económicos y materiales de la violencia institucional y la discriminación de las personas LGBTIQ+ , encuesta que se realizó entre febrero a marzo de 2022.
“Queremos que los funcionarios públicos, sociedad civil, academia y medios de comunicación presenten algunas realidades de la población LGBTIQ+, a través de un pequeño ejercicio que contó con una miscelánea de técnicas de investigación debido a la complejidad que tiene el tema de acceso a la justicia”, afirmó.
“Se ha hecho un estudio de los marcos normativos, aunque no es nuevo, es bueno saber sobre el andamiaje jurídico que son parte de los factores protectores de las personas LGBTIQ+ y como están concatenados como la Ley del Nombre o la Ley de Pensiones, en donde muchas personas no pueden acceder a estos derechos”, sostuvo Molina.
La investigación priorizó tres componentes: el formal-normativo referido a las leyes vigentes que discriminan o reconocen derechos de la población LGBTIQ+ ; el estructural que indagó el rol del funcionario y los recursos con los que cuentan las instituciones públicas destinadas al género y a esta población y el último, el impacto de la violencia institucional y la falta de debida diligencia en la vida de la población LGBTIQ+.
“Hicimos una muestra con 124 personas que han tenido en algún momento un tipo de acercamiento o vivido una situación de violencia ya sea, en la vía pública, su hogar, institución o un servicio. Y tenemos que 6 de cada 10 personas han sufrido una o dos tipos de violencia de discriminación en ámbitos públicos y privados”, afirmó.
En cuanto a los medios de vida, Molina señaló que las mujeres y hombres trans y mujeres en su diversidad biosexuales y mujeres lesbianas, tienen salarios mucho menor al salario mínimo, lo que consideró como un elemento de análisis a partir del acceso a la justicia de la población LGBTIQ+, por lo 3 de cada 10 personas”, sostuvo Molina.
Otro dato relevante, acotó Molina, es que el 80% de las personas encuestadas reportó situaciones de violencia institucional o discriminación en diferentes ámbitos, siendo los hombres trans (92.9%) y mujeres trans (100%) las personas mayormente afectadas en sus derechos.
“De las personas que realizaron una denuncia, solo un 8.3% afirmó que esta fue atendida y resuelta favorablemente . Y las razones que expresaron para no denunciar es: no sirve para nada, miedo a represalias y desconocimiento a de la ruta de denuncia, entre otras”, agregó.
“Sobre la violencia ejercida por autoridades de seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) fueron las más señaladas. Y las personas que manifestaron haber sido forzadas a dejar su domicilio el 70.8%, expresó haberse visto imposibilitada de volver a su hogar y en cuanto a los impactos que ha ocasionado estas experiencias el 69% señaló el nivel psicológico y un 23.4% el económico”, acotó Molina.
En cuanto al componente “formal-normativo”, el informe señala que identificaron que existe normativa jurídica y políticas públicas, pero están dispersas y con un alcance limitado, no obstante, el llamado que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021) al Estado salvadoreño a establecer “normas específicas“ para erradicar la discriminación y la violencia contra la población LGBTIQ+ , pero no se ha aplicado.
“El informe es muy importante porque expresa de viva voz, de personas que han tenido o estado en la ruta de justicia que ha sido desagradable y han vivido el tema de la impunidad o del sobreseimiento de sus casos, y tenemos que San Salvador es de los más violentos departamentos para la población LGBTIQ+, al que le sigue Santa Ana, San Miguel y La Libertad, que son los 4 departamentos que tienen esas cifras rojas por la violencia y con énfasis en mujeres trans y hombres gay”, manifestó.
“En el componente estructural, en la sociedad salvadoreña persiste una ideología y cultura anti-derechos que es altamente doctrinaria y dogmática, que ignora el principio de laicidad del Estado salvadoreño, y lo alimenta con una cultura homo-lesbo-bi-transfóbica que limita u obstruye el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos de esta población”, aseguró.
“El estudio en cuanto al componente cultural, señala la discriminación social y la violencia contra las personas LGBTIQ+, estrechamente vinculada a la existencia de prejuicios y estereotipos relativos a la sexualidad heteronormada que constituye el modelo socialmente válido de relaciones sexoafectivas y de parentesco”, expresó Molina.
