Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La indiferencia de los distintos gobiernos de reconocer la responsabilidad del Estado, como facilitar información a las víctimas para resarcir su daño a través de la verdad y la justicia, siguen manteniendo a la población sobreviviente en un estado de vulneración histórica de sus derechos”, dijo Ana Julia Escalante , directora de Pro Búsqueda.
En el marco del aniversario de la Guinda de Mayo, la Asociación Pro Búsqueda, junto a la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), expresó su apoyo y acompañamiento a las víctimas sobrevivientes de la “Guinda de Mayo”, a 42 años de esa acción militar denominado “Operación Limpieza”, desarrollada en diferentes puntos de Chalatenango, entre el 28 de mayo al 9 de junio de 1982.
La memoria histórica es viva y el recuerdo testimonial de la Guinda de Mayo recuerda a una multitud corriendo para escapar de disparos a quemarropa por parte de unidades militares especializadas, que junto a la Fuerza Aérea asesinaron a alrededor de 236 personas entre niños y niñas, adultos mayores y mujeres, según el Informe de la Comisión de la Verdad: De la Locura a la Esperanza (1993).
Algunos registros militares documentan que en dichos operativos participaron alrededor de 14 mil miembros de la Infantería, entre los batallones de reacción inmediata Atlacatl y Ramón Belloso, así como, apoyos de 4a Brigada de Infantería de El Paraíso, Chalatenango, la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad, y la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAES).
Niñas, niños, mujeres y ancianos, que al igual que la masacre de Las Aradas, años atrás, huían para salvar sus vidas y la de sus familias. En donde nuevamente el Estado, a través de sus cuerpos represivos buscaba exterminar a la población inocente, como estimó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, refirió Escalante.
De la misma forma, se refirió especialmente a la niñez desaparecida, que Pro Búsqueda inició, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando el padre Jon Cortina acompañó a un centenar de madres que buscaban a sus hijas o hijos desaparecidos de manera forzosa por agentes del Estado, en este tipo de operativos militares.
Como el caso de las “Hermanitas Serrano Cruz”, quienes aún continúan en “calidad de desaparecidas” (sentencia de la Corte IDH /2005), al igual que otras niñas y niños que siguen desaparecidas desde la Guinda de Mayo. Y sus familiares aún no han “olvidado las atrocidades” que enfrentaron y, por tanto, seguirán peticionando verdad, justicia y reparación.
“En el contexto actual no se ha favorecido el reconocimiento de políticas que atiendan la necesidad de las víctimas y por el contrario, la tendencia es usar el olvido, cerrar los espacios de memoria y tratar que la población, genere rechazo y violencia en contra de quienes exigen a sus derechos, poniendo cuesta arriba la reivindicación de las víctimas sobrevivientes”, expresó.
Esta falta de voluntad de la institucionalidad se demuestra también con la decisión tomada el lunes 13 de mayo, cuando la actual Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, redujo las comisiones legislativas y estableció la nueva Comisión Nacional de Seguridad y Justicia y mandó al archivo la propuesta presentada por las organizaciones de víctimas, agregó Escalante.
Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional no ha perdido vigencia
Irene Gómez, abogada de la Unidad de Justicia Transicional de la Fundación CRISTOSAL e integrante de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), advirtió a la nueva comisión legislativa de seguridad nacional y justicia que el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional presentada el pasado 7 de octubre de 2021, mantiene vigencia. “Este anteproyecto de ley fue presentado por las víctimas del conflicto armado y las organizaciones que las representan, y rechazamos esa decisión como MECIES y Grupo Gestor, que dicha comisión haya archivado el anteproyecto, sin analizarlo, y con una cuestionable justificación que ha perdido la vigencia”, argumentó.
“Presentamos este anteproyecto de ley, a través de la iniciativa de la diputada Clauida Ortiz , como parte de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, y en reiteradas ocasiones presentamos solicitudes de audiencia ante la comisión de justicia y derechos humanos, que era la anterior, para que la analizara, pero nunca recibimos respuesta de esas solicitudes presentadas”, indicó Gómez.
La abogada reconoció que desde el año 2016 a la fecha ninguna legislatura ha dado respuesta a las víctimas del conflicto armado, y tampoco han tenido la voluntad política para resarcir sus derechos para el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y la memoria histórica, que son los cinco pilares de una Ley de Justicia Transicional.
“Siguen incumpliendo la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (2016) , y es importante también destacar que la comisión de Seguridad Nacional y Justicia, no ha seguido el proceso para archivar el anteproyecto de la ley de Justicia Transicional”, explicó Gómez.
“Es lamentable que no exista un diálogo entre las víctimas del conflicto armado, las organizaciones de derechos humanos que los representamos y los diputados y diputadas de esa comisión y cuestionamos que aleguen que ha pérdido vigencia porque tanto la sentencia de inconstitucionalidad como nuestro anteproyecto son vigentes en su contenido”, reiteró Gómez.
Pro Búsqueda seguirá acompañando a las víctimas
Margarita Zamora, investigadora de Asociación Pro Búsqueda, recordó que este operativo militar conocido como Guinda de Mayo fue un operativo en el cual, el mayor impacto fue la niñez desaparecida.
“Hubo un total de 55 desaparecidos entre niños y niñas. De estos hemos logrado resolver 31 casos, lamentablemente de estos 31 casos resueltos, encontramos a 13 , quienes fueron ejecutados en ese marco de la desaparición y son nuestros localizados fallecidos”, manifestó.
“Tenemos un caso que ha sido localizado, pero por las diferentes situaciones, aún no se ha podido hacer el reencuentro. Sabemos dónde está, se tuvo comunicación con él, pero todo lo que vivió y sus traumas psicológicos era un niño de 5 años, aún no ha dado el paso para reencontrarse con su familia biológica”, relató Zamora.
Sobre el trabajo de Pro Búsqueda, agregó, que ha venido trabajando de manera permanente en estos casos de desaparición forzada. No obstante, muchas veces, no logran avanzar en las investigaciones ante la falta de información y acceso a los archivos militares para generar un indicio del paradero de niños y niñas desaparecidas.
“Tenemos 24 casos pendientes y sabemos que algunos se sumarán a nuestros 13 localizados fallecidos, pero no podemos dejar de buscar, mientras no contemos con esos hechos y no conozcamos la verdad desde el Estado. Sus familiares y nosotros no podremos darles como fallecidos”, opinó.
Pro Búsqueda tiene 1,046 casos registrados, y sw continúan sumando denuncias cada año, son entre 10 o 20 casos nuevos -es decir-, hay gente que a través de los medios de comunicación se enteran que aún se continúa luchando por la defensa de los derechos humanos de esos niños y niñas desaparecidos, y se llegan pidiendo ayuda por su familiar, confirmó Zamora.