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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Mónica Linares, directora de ASPIDH Arcoiris Trans, y Aldo Peña, activista social de la población trans, compartieron durante un conversatorio sus experiencias personales, y su lucha colectiva, ante la Asamblea Legislativa, para que legisle sobre la Ley del Nombre, y acatar así la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sobre las condiciones de las personas trans, Mónica señaló que el acceso a derechos tan básicos como la educación, salud, trabajo y cultura, la población trans se enfrenta a grandes obstáculos desde del funcionariato e instancias de gobierno que les discriminan por su identidad y expresión de género.
“Las mujeres trans que vivimos una discriminación día a día, por la expresión de género, que no concuerda con nuestros documentos, y este es todo el meollo del asunto. Porque no contamos con un documento que garantice – si bien no los derechos- porque no significa que habrá respeto a los derechos, pero será el inicio de otra lucha”, señaló.
Lamentó, además, la falta de información por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), sobre los crímenes de odio a las personas trans y población LGBTI.
“Esto no es una solicitud de derechos especiales para las mujeres y hombres trans, sino el reconocimiento de derechos humanos de la deuda histórica de derechos humanos que hemos tenido la población LGBTI en general y más aún el rostro de esta población que somos las mujeres y hombres trans, que hemos sido invisibilizados”, subrayó Linares.
Bessy Ríos, abogada y defensora de derechos humanos, quien estuvo a cargo del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley del Nombre, presentada ante la Sala de lo Constitucional (CSJ), señaló, que dicha resolución a este recurso se encuentra a días de cumplir un año en la Asamblea Legislativa, pese a que está obligada a legislar sobre la resolución judicial.
Ríos señaló que se encuentran registrados dos procesos de inconstitucionalidad sobre el tema: el primero 196- 2016, presentado por FESPAD, y el 33-2016 presentado por Karla Vera, que era presidenta de CONCAVIS, pero ahora está en el exilio.
“Presentamos el recurso en enero de 2016, lo trabajamos con un compañero, y fue admitido el 18 de abril de 2018, luego dos años de presentado y la resolución de la Sala de lo Constitucional fue el 18 de febrero 2022, y es cuando se notifica a la Asamblea Legislativa, para que legisle sobre la ley”, reseñó.
“Es decir, ya están por cumplir un año este 23 de febrero 2023, la Asamblea Legislativa estaría cumpliendo el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional para que proceda a legislar, y le permita a la población trans poder cambiar su nombre dado al nacer, elegido por sus progenitores, para tomar el nombre por el que se identifica de acuerdo a su proyecto de vida”, explicó Ríos.
Para la defensora de derechos humanos, este tema se trata de “dignidad” y el cese de humillaciones a la población de mujeres y hombres trans, al exigir su derecho de cambiar sus nombres. Y la Asamblea Legislativa debe crear la ley afin de que todas las personas trans tengan derecho a cambiarse el nombre, como lo hacen los heterosexuales.
“A veces, la gente no entiende que el utilizar el nombre con el que se identifica la persona, que viene desde la construcción identitaria que les permite tener una vida digna. Y cuando van por un consulta de salud -digamos- y la persona tiene una expresión de género e identidad femenina y lo llaman con el nombre que le dieron al nacer sus progenitores ahí comienza la discriminación y la humillaciones y burlas”, señaló.
“Es importante que la Asamblea Legislativa se reúna con la sociedad civil, que estudie la ley desde el anteproyecto que nosotros presentamos desde el Movimiento LGBTI, a través de la Mesa de Identidad, en donde están todas las organizaciones trans, y que la estudie, la revise, que está muy completa y cumpla la resolución de la Sala de lo Constitucional”, reiteró Ríos.
La abogada Fátima Ortiz, de ASPIDH, consideró que era importante compartir estos criterios en la “actual coyuntura política”, y conocer las propuestas jurídicas que a futuro se encuentran preparando para defender el acceso a sus derechos fundamentales, como el de garantizar el respeto a la identidad.
“Como dijo Bessy (Ríos) va haber una prórroga de no cumplimiento, no nos perdamos en eso porque estamos conscientes que la Asamblea Legislativa no va a cumplir con la resolución. No va a reformar la Ley del Nombre para las personas trans, pero las organizaciones LGBTI, ASPIDH en particular, nos estamos preparando para enfrentar desde la parte legal alternativas a seguir”, aseguró.
“Una de las medidas será seguir procesos de cambio de nombre ante los Juzgados de Familia, es un proceso ordinario, pero requiere representación legal, es un litigio estratégico y es aquí donde hay una limitación de acceso a la justicia para la población trans, porque cada proceso cuesta 2 mil dólares,y muy pocos abogados y abogadas los llevan, la estrategia es sumar casos y crear una estrategia”, reiteró.
El segundo “camino jurídico”, acotó Fátima Ortiz, es la reforma a la Ley del Nombre, en donde la legislatura actual, que tiene ese mandato judicial de inmediato reforme la normativa actual. Y así el proceso sería administrativo, que se llevaría ante las alcaldías con menor costo y más rápido. Sin embargo, aclaró, que solo sería el cambio de nombre, no el cambio de género.
“La tercera salida es la más ideal e integral que sería aprobar la Ley de Identidad de Género, que presentaron las organizaciones y viene desde el 2017 que está en la Asamblea Legislativa. Y el litigio estratégico internacional que puede ser con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo audiencia temática porque tenemos una violación sistemática de derechos a una población vulnerable”, puntualizó Ortiz.
