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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En febrero de 2022 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresó que la Carta Magna, “prohíbe discriminar por razones de identidad de género”. Por lo que dio un año a la Asamblea Legislativa, para que elaborara un marco jurídico por el cual las personas trans puedan cambiar su nombre en el documento de identidad.
“El plazo venció el pasado mes de febrero. Y pese a que la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, ha intentado reunirse, para establecer mecanismos de diálogo con los representantes de la Asamblea Legislativa, no ha sido posible y, por el contrario, la actitud de algunos legisladores ha sido no responder”, señaló Joshua Navas.
Las organizaciones Colectivo Alejandría, COMCAVIS TRANS, DIKÉ, Federación de Hombres Trans, ASPIDH Arcoiris, con el acompañamiento de FESPAD, que integran la Mesa Permanente por un Ley de Identidad de Género en El Salvador, se pronunciaron en el marco del “Día Internacional de la Visibilidad Trans”, con el fin de reiterarle a la Asamblea Legislativa su responsabilidad de emitir un marco normativo que garantice su derecho de identidad y dignificar a esta población.
Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, y la primera mujer trans que logró acceder al cambio de nombre y género, legalmente en el país, recordó que todos estos procesos no han sido fáciles y que están plagados de prejuicios sociales. Su caso, como de otras cuatro personas que incursionaron en el sistema judicial en busca del cambio de nombre tuvieron que esperar alrededor de tres años para obtener una respuesta, mientras otros están aún en espera.
“Al principio, en el año 2019, se presentaron cuatro demandas a los Juzgados de Familia presentados por mujeres trans, y los cuatro casos fueron declarados improponibles”, dijo.
“Por esto los cuatro demandantes apelaron a la Cámara de Familia, de los cuales, tres en la jurisdicción de San Salvador y una en la Cámara de Familia de Santa Ana, que le da la razón al Juzgado de Familia”, relató Guevara.
“Entonces, en este caso se presentó una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional y hasta ahora no han resuelto”, sostuvo Guevara.
En cuanto a los casos de San Salvador, Karla Guevara comentó que para la resolución de estos casos tardaron alrededor de 3 años, en donde dos de ellos se les dio el cambio de nombre, pero no de género. Y sólo en su caso, se le dio el cambio de nombre y género.
“Obviamente, fueron procesos engorrosos -pensar que fueron 3 años- a parte de discriminatorios y muy revictimizantes. Y si hubo un caso que fue sumamente rápido -el caso de un hombre trans- que en tres meses el Juzgado de Familia le dio el cambio de nombre y género”, afirmó.
“Pero de estos dos casos -que lograron cambio de nombre y de género- aún están entrampados en el registro del Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador , ya que ellos alegan que el proceso no tenía que ser una marginación de la partida de nacimiento como lo hizo el Juzgado de Familia, sino que tendría que ser una cancelación de la partida de nacimiento, por eso no quieren cumplir la resolución judicial”, explicó Guevara.
Sobre el tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)ç ya ha realizado reiterados llamados a los Estados miembro, a evitar legislaciones que contengan efectos discriminatorios con las personas trans, no binarias y de género diverso. Ya que son iniciativas contrarias a las obligaciones internacionales sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, así también porque pueden generar prejuicios sociales que motivan actos de violencia o exclusión social.
“¿Cómo debería ser el trámite del cambio de nombre y género?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -ya lo ha dicho- estos trámites deben ser gratuitos y expeditos. Lo que significa deben ser rápidos y basta con la voluntad de la persona de su género autopercibido para que pueda ir a un registro del estado familiar y tramitar su cambio de nombre”, reafirmó.
“La Alcaldía Municipal es el mayor obstáculo porque no quiere marginar las partidas de nacimiento. Aunque marginó las dos primeras, pero porque sólo se tramitó el cambio de nombre, pero no de género, y sólo les dio la marginación. Ahora, los que quieren el cambio de nombre y género, les niegan la marginación porque afirman que deben cancelar las partidas y no marginarlas”, subrayó Guevara.
Kerlin Belloso, abogada de FESPAD, señaló que desde la Mesa Permanente por un Ley de Identidad de Género en El Salvador, han estado trabajando y buscando espacios desde el año 2018, para establecer un diálogo con la Asamblea Legislativa, para que dé aprobación la Ley de Identidad de Género.
“Lastimosamente, ni las legislaciones pasadas ni actuales han podido -o no han querido- aprobar una normativa que permita a las personas trans, realizar su cambio de nombre en sus documentos de identificación, pese a que esta Mesa ha tenido bastante participación y ha buscado el diálogo con todas las fracciones parlamentarias”, acotó.
“Hemos tenido una respuesta de puertas cerradas. Ustedes que dan seguimiento a estos temas deben haber identificado que cuando en el 2021 se instala la nueva Asamblea Legislativa, lo primero que hicieron fue mandar al archivo la propuesta de una Ley de Identidad, que nos pareció demasiado apresurado, porque no habían estudiado esa propuesta”, refirió Belloso.
Asimismo, señaló que este colectivo presentó de nuevo la normativa al cuerpo legislativo, esperando una respuesta de reunión o consulta sobre la temática, pero expresó que han enviado correspondencia y solicitado reuniones con las diferentes fracciones para tocar ese tema, pero, sin mayores logros en cuanto a una respuesta positiva.
“Consideramos que el derecho a la identidad de género de las personas trans, no debería estar supeditada a la decisión o voluntad arbitraria de legisladores y legisladoras. Aunque también, se puede buscar con mecanismos internacionales como la CIDH”, consideró.
“Hemos visitado otros espacios que funcionan en un Estado de Derecho en donde cada institución responde a sus funciones delegadas, logrando algunos avances pero también existen grandes desafíos, barreras y vacíos jurídicos además los juzgadores y juzgadoras tienen miedo de aprobar por todo este tema de fundamentalismos religiosos y morales”, puntualizó Belloso.
