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Redacción Nacionales
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Los resultados del estudio Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP) desarrollado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reveló que una gran parte de la población universitaria aún desconoce los derechos sexuales y reproductivos, pese a que hay terreno ganado en la autonomía del cuerpo y el erotismo femenino.
Entre los temas abordados en el estudio está conocimientos sobre los cuerpos femenino, actitudes en torno a la violencia sexual, uso de anticonceptivos, orientación sexual, importancia de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), uso de redes sociales, entre otras temáticas que afectan la integridad de los cuerpos de los y las jóvenes universitarias.
Marcos Molina, parte del equipo investigador de ORMUSA, explicó que el 67.6% de los encuestados reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir qué método anticonceptivo utilizar, pero el 56% considera que las mujeres deben consultar a su pareja para usar métodos de planificación; es decir, la mayoría de los hombres continúa creyendo que deciden por las mujeres, y una parte importante de ellas aceptan delegar en los hombres el derecho a decidir sobre su cuerpo.
En cuanto al lugar donde los estudiantes universitarios adquieren sus anticonceptivos, sólo el 8% lo hace en la unidad de salud, mientras que, el resto lo compró en la farmacia, esto demuestra la necesidad de fortalecer el acceso de anticonceptivos por parte del Ministerio de Salud, aspecto de garantizar el cumplimiento de sus derechos en salud sexual y reproductiva.
Según el estudio, el 41% cree que la plenitud de la mujer se logra cuando se convierte en madre, del total de hombres consultados el 91.1% cree que eso es cierto, mientras que, entre el total de mujeres sólo el 13.8% está de acuerdo con ello; se encontró que el 17.3% de los encuestados consideran que las mujeres deben tener los hijos que Dios quiera, de cada 100 hombres 21 tienen esa creencia y 15 mujeres de cada 100 de ellas, es decir es significativa la cantidad de estudiantes hombres y mujeres que todavía toman en cuenta las creencias religiosas al momento de tomar una decisión.
“El 56.4% de las mujeres universitarias desmienten que las prácticas de autoplacer son exclusivas de los hombres, en cuanto al erotismo vemos un ambiente totalmente diferente, porque hay un reconocimiento del autoplacer de las mujeres lo cual podría ser debido a los procesos y estrategias de información sobre educación sexual que llegan de una manera implícita, pues nadie anda haciendo campaña sobre el derecho al placer de las mujeres”, externó Molina.
Un hallazgo de suma importancia es que debido a la falta de conocimiento o información en materia de sexualidad humana, la mayoría nunca se ha practicado la prueba de VIH, que equivale al 76% de la población consultada. Mientras tanto, el 81.2% de la muestra cree que la educación integral de la sexualidad, es prioritaria para prevenir embarazos y la violencia sexual.
A fin de avanzar con el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos, ORMUSA recomendó la necesidad de contar con un marco normativo en EIS, que facilite la planificación y desarrollo de planes, programas y proyectos desde las instituciones públicas correspondientes, otros sectores y actores.
Asimismo, sugirió incorporar contenidos claves o prioritarios de EIS en la formación universitaria, a fin de dotar a este grupo poblacional de las herramientas necesarias para el conocimiento científico. Emprender campañas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo que la población joven se apropie de tales derechos, de esta manera, poder prevenir la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones y contra la población LGBTI.
Otra de las recomendaciones es actualizar y ejecutar con eficiencia y calidez humana, la Política de Salud Sexual y Reproductiva a todo nivel y escala nacional, dando cumplimiento al conjunto de derechos humanos, respectivamente a la salud integral.
La encuesta se administró a 1,200 jóvenes inscritos en la universidad de San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y San Salvador, la investigación se llevó a cabo con el apoyo técnico y financiero de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y el Gobierno de Navarra.
