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La reconstrucción social luego del COVID-19 demandará respuestas múltiples y creativas en materia de políticas públicas para evitar una crisis económica y fiscal de grandes proporciones y proteger el trabajo.
Así lo afirmó la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), la cual señaló que, debido a su condición de pobreza y de alta vulnerabilidad, muchos hogares en la región carecen de recursos para enfrentar las medidas de distanciamiento y aislamiento social necesarias para contener la propagación de la epidemia.
Para la región SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana) se estima que el impacto de la pandemia podría provocar una contracción económica de 2.8 %, lo anterior impactará de manera directa en los niveles de empleo.
“La región enfrenta la pandemia con un espacio fiscal acotado, una proporción importante de la población en condición de pobreza y de alta vulnerabilidad y con una economía con una tasa de informalidad de alrededor del 62 %, que vuelve más difícil la protección de las fuentes de empleo e ingresos a través de la seguridad social”, explicó. El SISCA expuso que esto obligará al Estado a desarrollar estrategias alternativas de carácter no contributivo para que ninguna persona quede sin ingresos suficientes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la reconstrucción también requerirá prestar atención prioritaria a grupos en estado de mayor vulnerabilidad: niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios, migrantes y refugiados, personas sexualmente diversas, entre otros. “Las acciones estatales deben garantizar los derechos fundamentales de los más débiles”, señala.
