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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Human Rights Watch dio a conocer este viernes su posicionamiento sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa por petición del presidente Nayib Bukele, para combatir las pandillas. Según la entidad internacional pro derechos humanos, las reformas permiten que los jueces puedan encarcelar a niños y niñas a partir de los 12 años, restringen la libertad de prensa y expanden “peligrosamente” el uso de la prisión preventiva y de la legislación antiterrorista.
La legislación salvadoreña se da luego que Bukele solicitara un régimen de excepción “que abre la puerta a que se cometan graves abusos”. “El Gobierno de El Salvador debería adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas, desmantelar estos grupos criminales y llevar a los responsables de abusos ante la justicia”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. Sin embargo, Bukele “ha impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de los salvadoreños”.
En síntesis, dice Human Rights Watch, las reformas aprobadas “violan, de múltiples maneras, las obligaciones de El Salvador con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”.
Además, HRW se refirió sobre las reformas al Código Penal que establecen penas de prisión de hasta 15 años a toda persona que elabore, participare en la elaboración, facilitare o fabricare, textos, imagen, grafitis u otra forma de expresión que “explícita o implícitamente” transmita “mensajes” o “haga alusión” a los diferentes grupos de pandillas que existen en el país. Incluidos los medios de comunicación que “reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas y que “pudieren generar zozobra y pánico a la población en general”.
Estas disposiciones son excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas, señaló Human Rights Watch. A tal punto que esta reforma “es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y asociación que establecen que estos derechos solo pueden ser restringidos cuando ello resulte estrictamente necesario y proporcional para un objetivo legítimo, tal como proteger la seguridad nacional o los derechos de los demás”.
Human Rights también se refirió a las capturas que ha habido en el contexto del Estado de Excepción y cortar, en general, a los salvadoreños capturados el derecho a la defensa y ampliando la prisión preventiva contra aquellos supuestos pandilleros. La situación que actualmente vive el país va en contra de los estándares internacionales que El Salvador ha firmado.
Juan Pappier, comentó que “al desmantelar el Estado de derecho en el país, el presidente Bukele ha socavado la protección de los derechos de todos los salvadoreños y ha debilitado enormemente la capacidad de las autoridades para investigar la violencia de las pandillas”, situación que es contraria a una política de seguridad robusta y respetuosa de los derechos humanos.
