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Por Daniel Bosque/Álvaro Villalobos
Barcelona/AFP
La policía regional de Cataluña se mostró este miércoles reticente ante la orden de precintar los centros de votación para impedir el referendo de independencia prohibido por la justicia española del domingo y alertó del «riesgo» de disturbios.
El martes, la fiscalía superior de Cataluña, una rica región del noreste había ordenado a este cuerpo precintar los espacios electorales a más tardar el viernes por la noche, y vigilar cada uno de ellos hasta la noche del domingo.
El objetivo es impedir la celebración física de la consulta, convocada por las autoridades independentistas de la región.
Sin embargo, en una reunión con la fiscalía este miércoles, los Mossos formularon varias objeciones, cuando los secesionistas están decididos a celebrar la consulta cueste lo que cueste y los sindicatos de estudiantes han lanzado movilizaciones que podrían podrían traducirse en la ocupación de colegios.
Según la policía regional, en una serie de mensajes en Twitter, el cumplimiento de esas órdenes «puede comportar consecuencias no deseadas».
«Estas consecuencias hacen referencia a la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar», añade la policía catalana.
«Ayer decían que esta medida podía comportar alborotos, podía comportar tensión, y era la preocupación que tenían los Mossos d’Esquadra», abundó el consejero regional de Interior, Joaquim Forn, en declaraciones a la radio catalana RAC1.
«Factible puede ser (el precintado de los colegios), el problema está en los disturbios que pueda generar», concidía el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, Ignacio González Vega.
La idea del gobierno catalán es habilitar los mismos colegios que en las últimas elecciones regionales, es decir, unos 2.700.
Un número muy elevado de centros, al que se añade otra dificultad: la posible ocupación de colegios.
Los sindicatos de estudiantes se han movilizado para defender la consulta, y este miércoles lanzaron una huelga en la secundaria -de la que de momento no hay cifras de seguimiento-, antes de una universitaria el jueves y viernes.
Aparte, muchos siguen decididos a votar pese a todo. «El domingo iré a votar y veremos qué pasa. A ver si nos lo impiden y cómo lo hacen», comentaba a la AFP en Barcelona la librera Marga Millet, de 67 años.
El pequeño sindicato anarquista CGT llamó incluso a una huelga general en Cataluña el 3 de octubre, pero los dos mayores sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, no se han unido.
ETA se mete en el debate
La crisis catalana seguía cobrando vuelos a nivel político, y este miércoles fue la organización independentista vasca ETA la que se pronunció.
«El Estado español es una cárcel para los pueblos, y así se muestra al negar la identidad nacional de los Países Catalanes», escribe ETA en un comunicado publicado por el diario vasco Gara.
En el Parlamento, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el país vive «un momento histórico sin precedentes», por el empeño de los independentistas de «negar siglos de historia compartida entre españoles y de acabar con años de estabilidad democrática».
El gobierno conservador de Mariano Rajoy se ha mostrado inflexible con el afán de los independentistas catalanes de celebrar el referéndum y ha desplegado par impedirlo todo un arsenal de medidas jurídicas.
Por su lado, la justicia ha respondido tramitando las numerosas querellas presentadas.
Este miércoles, la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia presentada por la fiscalía por «sedición», un cargo que puede conllevar pena de cárcel. La querella concierne una manifestación la semana pasada en Barcelona, en la que miles de manifestantes dañaron tres vehículos de la Guardia Civil y rodearon a agentes mientras estos efectuaban registros en un edificio oficial del gobierno catalán.
Críticas al gobierno
La oposición de izquierdas ha criticado duramente la estrategia del ejecutivo de ampararse tanto en el aparato judicial, reiterando que no puede «esconderse detrás de los jueces».
«El principal problema es que ustedes no tienen ninguna propuesta ni para Cataluña ni para Espana», le espetó este miércoles al gobierno la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero.
No obstante, el ejecutivo conservador recabó el martes el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien en una comparecencia en Washington junto a Rajoy afirmó que «España es un gran país, y debe permanecer unido».
