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QUITO/Xinhua
Un segundo vehículo cargado con material explosivo estalló la madrugada de hoy jueves sin causar víctimas en un sector del centro-norte de la ciudad ecuatoriana de Quito, confirmó la Policía Nacional.
La entidad detalló en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que se trató de un vehículo «tipo camioneta» que en su interior tenía dos cilindros o tanques de gas y «habría explotado por la acción de un artefacto de mecha lenta» en la capital ecuatoriana.
La Policía Nacional agregó que el estallido provocó la destrucción del vehículo y daños en los exteriores del edificio del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, el ente estatal encargado de la custodia de las cárceles del país.
«Continúan labores investigativas y operativas para capturar a los causantes del hecho», difundió la institución policiaca, al tiempo que la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito cerró la zona para realizar los peritajes correspondientes.
El suceso, registrado cerca a una zona universitaria, ocurrió horas después de que otro vehículo explotó la noche del miércoles en el sector La Mariscal, en el centro-norte de Quito, suceso que tampoco dejó víctimas.
El primer vehículo también explotó cerca de las oficinas del SNAI y derivó en la detención de seis personas, cinco ecuatorianos y un colombiano con antecedentes penales, por su presunta vinculación con el hecho, según las declaraciones a la prensa del director nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional, Pablo Ramírez.
El jefe policial precisó que dentro del vehículo se hallaron dos cilindros o tanques de gas, mecha lenta y aparentemente cartuchos de dinamita.
Apuntó que el incidente fue una respuesta del crimen organizado a varios traslados de presos a otros penales realizados el miércoles.
La zona del estallido se mantiene acordonada para que las autoridades realicen un nuevo barrido como parte de las investigaciones.
Ecuador vive desde hace meses una escalada de violencia y criminalidad que el gobierno atribuye a grupos de la delincuencia organizada vinculados al narcotráfico, contra el cual se ha declarado una lucha frontal.
En julio pasado, la masacre al interior de una prisión de la ciudad de Guayaquil (suroeste) dejó 31 reos asesinados, lo que llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar «estado de excepción» por 60 días en todo el sistema penitenciario, así como varias incursiones militares en cárceles para requisar armas.
