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Por Marcelo Daniel Brusa
Caracas/AFP
TeleSUR
La policía venezolana desmanteló la madrugada de este jueves cuatro campamentos de jóvenes que protestaban, there el más importante frente a oficinas de la ONU, medical y detuvo 243 manifestantes.
El sorpresivo desalojo, nurse que el gobierno justificó afirmando que en esos campamentos se escondían grupos que preparaban «actos terroristas», ocurrió a horas de una audiencia judicial –finalmente suspendida– del líder radical opositor Leopoldo López, detenido desde febrero en una prisión militar.
«La operación inició a las tres de la madrugada (…) se tenía evidencias de que de esos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad», dijo el ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres, al indicar que se detuvo a 243 personas.
El funcionario, quien en el pasado dirigió los servicios de inteligencia, dijo que en los operativos fueron «incautadas drogas, armas, explosivos, morteros, granadas lacrimógenas, todo lo que utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad».
“Es impresionante la cantidad de drogas que se consiguió en este sitio. La policía de Chacao (municipio gobernado por la oposición), el miércoles nos pasaba la novedad que mientras estaban recogiendo una basura en la Avenida Francisco de Miranda, fueron agredidos por elementos de este campamento en donde salió herido un funcionario de policial”, comunicó.
El principal de los campamentos estaba ubicado frente a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde desde hacía un mes centenares de jóvenes acampaban cortando tres de las seis vías de una de las principales avenidas en el sector este de Caracas.
Un periodista de la AFP, que pasó circunstancialmente por el sitio hacia la 01h00 de la madrugada, no había detectado ningún movimiento especial: solamente carpas cerradas con los jóvenes posiblemente durmiendo en su interior, y ningún despliegue policial en el área.
La mañana de este viernes el campamento lucía destruido luego de la arremetida policial, de la cual no fueron informados los cuerpos de seguridad del municipio, controlado por la oposición.
La Policía de Chacao «no participó en las acciones de desalojo de los campamentos, ni fue informada», dijo el alcalde Ramón Muchaco, quien precisó que en la intervención frente a las oficinas del PNUD pasrticiparon 700 miembros de la Guardia Nacional.
En los campamentos «se procedió a la detención de las personas que estaban allí, sin ningún tipo de violencia, y a trasladarlas, respetando sus derechos, al comando regional número cinco de la Guardia Nacional», dijo Rodríguez Torres.
El ministro agregó que un equipo de la policía científica se dirigió a los campamentos «para levantar todas las evidencias, clasificarlas y presentarlas ante el tribunal correspondiente para que se impute a quien se tenga que imputar y se tomen las medidas desde el punto judicial».
Tres meses de protestas
Según la abogada y activista de los Derechos Humanos, Elenis Rodríguez, «muy pocos jóvenes pudieron escapar a la arremetida. Los detenidos fueron trasladados algunos a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (…) y otros a (la unidad militar de) Fuerte Tiuna».
«Actúan a las tres de la mañana en una emboscada clara a nuestros compañeros (…) Tendrán que preparar celdas más grandes, los estudiantes seguiremos luchando por nuestros derechos», dijo el líder estudiantil Juan Requesens.
Desde febrero Venezuela fue escenario de manifestaciones, las más violentas durante febrero y marzo, con saldo de 41 muertos, 700 heridos y casi 150 denuncias de abusos policiales.
Los manifestantes reclaman contra la inseguridad, la escasez de productos básicos y la elevada inflación (casi 60% anual), en este país con las mayores reservas petroleras mundiales, pero que a la vez es el segundo en índice de homicidios, según la ONU.
Esas manifestaciones han sido catalogadas por el presidente Nicolás Maduro como un «intento de golpe de Estado» realizado por sectores a los que acusa de fascistas con apoyo de Estados Unidos y Colombia.
