José M. Tojeira
El término liberal en política puede significar realidades diversas. En la mejor de las tradiciones liberales el término significa respeto a la libertad de las personas y compromiso con las limitaciones de la libertad de los gobiernos, generalmente señaladas en las Constituciones, para evitar los abusos de poder. Abusos de poder que también se dan en ocasiones desde otras instituciones no estatales, como desde la economía o desde otras instituciones sociales o políticas, y que deben ser controlados y limitados también desde la legislación.
En este sentido, el espíritu liberal no está reñido con las diversas ideologías políticas. Se puede ser socialista o capitalista y mantener la libertad propia de las democracias, así como el control del poder, expresados en las Constituciones respectivas y en la división de poderes. Libertad que defiende a las personas en su modo de pensar, hablar y organizarse y, simultáneamente controla cualquier abuso de poder, venga de cualquier autoridad del Estado o de cualquier organización social o económica.
Pero también hay instituciones y partidos políticos que aunque se identifican como liberales son profundamente contrarios al valor de la libertad. No tienen inconveniente en restringir la información pública, permiten que las grandes empresas suban precios o maltraten a los trabajadores, odian a los defensores de derechos humanos acusándolos de defender a criminales o de seguir supuestas agendas extranjeras, y hostigan y lanzan campañas de odio contra grupos sociales opositores o críticos.
Un país puede permitir una libertad casi sin control a las empresas, pero eso no le hace liberal. Hay liberalismo de izquierda que promueve derechos sociales dentro del marco democrático liberal, y hay liberalismo de derechas que se mantiene en el mismo marco democrático aceptando la división independiente de poderes. Ambos liberalismos son respetuosos de los derechos humanos y tratan de mantenerlos en sus agendas tanto partidarias como de gobierno.
Lo contrario al liberalismo no es el socialismo sino el autoritarismo. Cuando se dice respecto a El Salvador que tenemos en la actualidad un régimen autoritario lo que se nos dice es que se están negando libertades ciudadanas. El hecho de que haya libertad de empresa no quiere decir que vivamos en un régimen liberal. Proteger y apoyar a los más fuertes siempre ha sido uno de los vicios de los regímenes autoritarios. La democracia, que nunca es perfecta y debe estar siempre en construcción inclusiva, tiene siempre ese componente de defensa de las libertades y control de los posibles abusos del poder. Las elecciones, aunque son fundamentales en la democracia, no aseguran la democracia. Son el primer paso. Pero después deben seguir la defensa de las libertades, el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, junto con una institucionalidad potente que controle cualquier abuso de poder.
Ver una Asamblea Legislativa que aprueba con demasiada frecuencia con dispensa de trámite lo que se le envía desde el ejecutivo, o un sistema judicial que hace la vista gorda ante los “habeas corpus” que pudieran frenar los abusos del ya largo “régimen de excepción”, hace pensar que la institucionalidad no se corresponde con la democracia ni con el espíritu liberal que invita al debate, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos entre los contrarios.
El desprecio de las obligaciones convencionales, la lectura caprichosa de la Constitución realizada desde y a favor del poder, rompen un principio liberal y democrático básico: Solo los derechos básicos de la persona, y no el poder, pueden considerarse absolutos.