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A dos años de la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) publicó un informe que documenta una serie de acciones de la administración en curso, las cuales atentan contra los Acuerdos de Paz, específicamente al rol de las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil (PNC).
El documento con el que pretende informar y educar a varios sectores en los Estados Unidos sobre la alarmante situación en El Salvador, será presentado esta semana a funcionarios del gobierno estadounidense y de las cámaras legislativas, medios de comunicación internacionales, organizaciones de derechos humanos e integrantes de la diáspora salvadoreña.
Según el informe, desde que Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, ha demostrado una total indiferencia hacia los mandatos constitucionales, la democracia y la separación de los poderes del Estado, como parte de una estrategia para consolidarse en el poder que contempla maniobras como el incremento de facultades de la Fuerza Armada y la PNC, cuya injerencia en asuntos políticos representa un alarmante desacato a lo establecido en los Acuerdos de Paz.
Asimismo, destaca varias acciones las cuales muestra que bajo el mando de Bukele, las acciones de la Policía y las fuerzas armadas sirven para socavar la institucionalidad a través de los golpes técnicos, normalizar la militarización de la sociedad bajo la emergencia de la pandemia, obstaculizar la justicia, incluso en casos de corrupción, e intervenir en el tema electoral.
CISPES indicó que el rol de liderazgo tomado por la policía y las fuerzas militares es una muestra inescrupulosa de que su lealtad al presidente se antepone a sus deberes y responsabilidades; por ello, se recomienda que “el Congreso de los Estados Unidos retire con rapidez su apoyo para la policía y las fuerzas militares”, de no hacerlo, contribuiría a acelerar la derrota de las libertades políticas y la democracia en El Salvador.
La directora ejecutiva de CISPES en Washington, DC, Alexis Stoumbelis explicó que el objetivo de publicar este informe es “mostrar al pueblo y gobierno estadounidense lo que se ve con preocupación cada día en El Salvador: la erosión intencional de la proscripción al rol de las fuerzas de seguridad en la vida del país, que vulnera los fundamentos de los Acuerdos de Paz.
Asimismo, dijo que escuchar al presidente llamar a las organizaciones que le cuestionen como “enemigo interno” es una señal clara, no solo para el pueblo salvadoreño sino para el mundo, de su intención de acabar con la democracia, se solidarizó con los ‘enemigos internos’ y reiteró estar en pie de lucha en los Estados Unidos para exigir que el gobierno deje de financiar a estas fuerzas de seguridad que claramente quieren convertirse en el arma represiva del presidente.
Para CISPES si bien el redireccionamiento de fondos de USAID para programas gubernamentales tiene sólidos fundamentos, el gobierno estadounidense debe ir más allá y restringir por completo el financiamiento militar y policial a El Salvador, dadas las numerosas demostraciones de que, tanto la Policía como el Ejército, han violado su mandato constitucional y se han extralimitado en sus funciones.
Por lo que una mayor cooperación de parte de Estados Unidos, únicamente incrementaría el poder de estas instituciones” y convertiría al país norteamericano en cómplice de esas acciones.
El documento hace énfasis en las tendencias autoritarias del presidente Bukele, irregularidades durante el período electoral y las violaciones al mandato constitucional de las fuerzas de seguridad, que han dado como resultado la obstrucción de la justicia; perfilar a los críticos de la administración como enemigos del Estado; demandas públicas de lealtad por parte del presidente hacia sus funcionarios; obstrucción de investigaciones sobre corrupción y procesos judiciales, entre otras.
