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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Es una política de seguridad con demasiadas inconsistencias y que nos deja con muchas exposiciones a diferentes formas de violencia. Lo destacamos, porque han dejado en un solo componente lo que tendría que generar condiciones de seguridad plena para la ciudadanía”, dijo Nery Rivas, de ANAES.
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana presentó su Tercer Informe sobre Seguridad Ciudadana en El Salvador, que contiene los elementos de la política de seguridad ciudadana en el país, desde 4 ejes temáticos: Persecución del delito, Prevención de la Violencia, Atención a Víctimas y Rehabilitación e inserción.
Desde el primer informe publicado en el año 2018, las organizaciones de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana aclaran que desde los 36 indicadores que se plantearon desde sus inicios, se han visto afectados por la falta de información pública de las instituciones estatales a las que solicitaron datos estadísticos, pero fue denegada.
Para Nery Rivas, la violencia tiene múltiples causas, al reseñar que es parte de la tendencia que se tuvo años atrás por décadas cuando se intensificó el “fenómeno de las pandillas”.
Y pese a que actualmente se aplican acciones enfocadas a la represión de estos grupos, puede generar un “debilitamiento”, si esa medida es la única que se asume para abordar la problemática en el transcurso del tiempo.
“Sabemos que hay otras condiciones que también generan violencia y que, igualmente, son dañinas para la población y que generan percepción de inseguridad como homicidios, robos y otros hechos. Y desde la perspectiva de la prevención de la violencia no identificamos nada extraordinario en políticas de seguridad ciudanana”, expresó.
“Las acciones de prevención no tienen un papel central en las políticas de seguridad actuales, sino que están focalizadas en la parte represiva, generando intervenciones de corto alcance, obviando la participación de la población y organizaciones que son importantes. Además del debilitamiento progresivo de los municipios en su capacidad de gestión que no contribuyen a la seguridad ciudadana”, reiteró Rivas.
En cuanto a la violencia y criminalidad en el país, destacaron que la crisis de violencia se ha abordado por la actual administración con “gran opacidad”, pese a la baja en el número de homicidios con 154 casos (2023), y una tasa del 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, que podría ser un logro frente al 2015, cuyo número de homicidios fue de 105.3 por cada 100 mil habitantes (6 mil 656 casos) según fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
No obstante, el hallazgo de 60 osamentas, el fallecimiento de 34 personas particulares en enfrentamientos armados, el fallecimiento de 56 personas privadas de libertad o el fallecimiento de 5 presuntos pandilleros, son cifras cuestionables para el gobierno. Se calculan en 309 las muertes violentas entre enero y diciembre de 2023 por cada 100 mil habitantes (OUDH).
Asimismo, el Informe destaca las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en cuanto a la violencia contra la mujer, que registró “elevados niveles de violencia sexual” que se ejerció contra niñas y adolescentes en el país.
De las 24mil 790 víctimas de violencia sexual documentadas por la Fiscalía General de la República, entre 2019 y 2022, el 90.9% fueron mujeres. Y entre 2019 y 2022 los poblacionales más afectados fueron las niñas y adolescentes.
Leyes punitivas sin propuestas de prevención
Dina Martínez, abogada de FESPAD, hizo referencia a los contenidos del Plan Control Territorial, que pasó al Régimen de Excepción, así como a las reformas al Código Penal y Procesal Penal, lo que ha servido sólo para mantener un “corte punitivo” (represivo) para abordar la problemática.
“Todos estos marcos legales se enmarcan en acción penal y si nos remontamos tenemos más de 80 mil personas capturadas por el régimen de excepción. Lo que demuestra que no hay una política integral en materia de seguridad”, expresó.
“Y en los 4 ejes que analizamos relacionados con la seguridad ciudadana, se puede observar que no existe una política pública para generar empleos, para generar respeto en materia de derechos humanos, políticas para el acceso a vivienda, la salud y la educación. Por el contrario, el Presupuesto General de la Nación, ha enfilado recortes importantes a estas Carteras de Estado”, sostuvo Martínez.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Yaneth Martínez, de CRISTOSAL, señaló “claros retrocesos” en temas de transparencia por parte de las instituciones del Estado, al mencionar un declive significativo del trabajo que debía realizar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) , que no ha permitido de la población en general, organizaciones no gubernamentales y periodistas, obtener una rendición de cuentas y la contraloría ciudadana.
“Nuestra labor ha sido siempre el monitoreo de toda la información pública que tiene que brindarse. Y recordarles que todas estas instituciones tienen obligación de generar estos registros y es parte de sus funciones, incluso, cada institución tiene una oficina especializada para poder brindar esta información al público”, alegó.
“Esta información debe estarse generando, aunque hemos identificado la debilidad en el momento de ser compartidos utilizando las figuras de la reserva, la confidencialidad y otras. Pero esa información es vital, sobre todo, las instituciones que a raíz de esa información que generan deben ir identificando debilidades y fortalezas para mejorar”, reiteró Martínez.
Política de seguridad pública militarista y autoritaria
Alexis Rivas, integrante de CECADE, indicó que, pese a que gran parte del “discurso oficial” del presidente Nayib Bukele se enfoca en implementar supuestamente “novedosas políticas de seguridad”, pero estas comparten características de un “continuum en el militarismo y el autoritarismo” con sus matices particulares.
“El manejo de la seguridad pública se ha realizado a partir de premisas extraídas de la doctrina del derecho penal del enemigo y del punitivismo populista, concretadas en reformas legales que amplían las facultades restrictivas de derechos y garantías, así como de las competencias de las autoridades estatales, aumento de tipos y sanciones penales y el despliegue cada vez mayor de militares en seguridad pública”, dijo.
“Es como la violencia contra las mujeres, las cifras se han mantenido y eso es preocupante, porque significa que, aunque disminuyan números de homicidios, las condiciones que llevan a este tipo de violencia. Y están, los que sufren las detenciones arbitrarias por régimen de excepción, hasta el 2023 había 73 mil personas detenidas y el 85% son personas entre los 18 a 30 años, es alarmante”, reiteró Rivas.
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana calificó como “particularmente grave”, que la Policía Nacional Civil (PNC) haya declarado en “reserva” toda su información relativa a las denuncias recibidas. Y que la Fiscalía General de la República (FGR), argumentara que la información que solicitaron como sociedad civil organizada, sobre el número de denuncias de víctimas y personas imputadas, respondiera que eran “inexistentes” porque no fueron generadas por la institución.
“Al respecto, es imperativo recordar a las autoridades estatales que el acceso a la información pública constituye un derecho ampliamente reconocido en la legislación nacional e internacional, cuya vulneración repercuta directamente sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre el derecho a la verdad”, dijo.
“Mientras, la entrega de la información pública constituye un auténtico deber legal de las instituciones estatales no una concesión que las mismas otorgan a la ciudadanía. En este punto, es importante también subrayar que el contenido total del Plan Control Territorial, estandarte gubernamental, continúa siendo secreto”, puntualizó Rivas.
