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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nosotras como población rural estamos sufriendo el impacto de los presupuestos en salud, economía y la persistencia de la violencia de género. En salud tenemos un retroceso severo sin los ECOS. Soy lideresa comunitaria y voluntaria en comités de salud y la ADESCO, por lo que vemos de cerca las problemáticas desde la niñez a adultos mayores sin que les garanticen sus derechos y un trato digno”, expresó Evelyn Amaya, originaria del cantón El Cerrito municipio de lNahuizalco, Sonsonate.
“Solo en salud teníamos tres ECOS Familiares y hoy solo queda uno. En el cantón El Canelo cerraron por falta de fondos. La gente se ha quedado sin consulta médica y no van allí, porque está muy lejos (19. 8Km), entonces, van a Sonzacate. Antes, como lideresas también teníamos espacios en hospitales y, unidades de salud. Para dar consejerías (a las usuarias) teníamos participación, pero todo ha retrocedido y afecta a las comunidades”, reafirmó Amaya.
El conversatorio “Los Sueños Ausentes en las Decisiones sobre Fondos Públicos: Valoraciones sobre la situación económica del país al cierre del 2022 pensiones y presupuesto” , que fue abordado por el economista José Luis Magaña, de la Plataforma Ciudadana AltavocES, reflexionó sobre la obligación del Estado salvadoreño de garantizar los derechos de la ciudadanía como el acceso a la salud, educación y al empleo digno.
En particular, señaló que pese a la lectura positiva de los “índices macroeconómicos” del país solo es el resultado del “efecto rebote” que surgió después de la crisis de la pandemia por el Covid-19 (2020). Cuando la economía salvadoreña se redujo en un 8% por la inactividad, por tanto, en el año 2021, creció en 10% la economía y lo registraron los indicadores macroeconómicos, sin embargo, no se refleja en la realidad que vive la mayoría de salvadoreños en sus hogares.
“La encuesta de hogares de Propósitos Múltiples, elaborada por la DIGESTYC, ahora ONEC, refleja que la crisis de la pandemia la cifra de hogares en situación de extrema pobreza que no alcanzan a cubrir ni siquiera una Canasta Básica Alimentaria, pasaron de ser 87 mil 372 hogares a más de 160 mil hogares, estamos hablando de una duplicación de cifras de hogares en pobreza extrema”, explicó.
Y agrega “esto quiere decir, que los números de crecimiento económico que se presentan no llega a los hogares que los caracteriza la vulnerabilidad social, esa es una señal de enormes rasgos de desigualdad en la distribución de recursos de la economía del país. Para el año 2023 se plantea que las economías volverán a sus condiciones estructurales previas a la pandemia, o sea, bajo crecimiento, baja oferta de empleo y más endeudamieno, entonces, el papel del Estado deberá ser fundamental para garantizar los derechos de la población”, sostuvo Magaña.
Para el economista, todas las decisiones que tome el gobierno y específicamente las que tomará sobre los “fondos públicos” se presenta como una oportunidad para reducir desigualdades o fallar y reproducirlas exponiendo a mayor vulnerabilidad a la población.
“Más allá de los discursos políticos, más allá de las redes sociales y sus spots publicitarios, la distribución de los fondos públicos reflejan realmente las prioridades de los gobiernos”, agregó Magaña, al señalar que la ejecución del presupuesto del 2022 , entre enero a octubre (M.Hacienda) mostró en sus datos que la prioridad del gobierno fueron los “recortes” de presupuestos en ejecución de rubros tan estratégicos como la educación básica 82.2 millones de dólares.
Asimismo, el recorte presupuestario en ejecución para los hospitales nacionales que sumó los 48.3 millones de dólares, incluido el recorte de 9.9 millones de dólares al Hospital Nacional Rosales, siendo este de Tercer Nivel, que significa de múltiples especialidades así como el Hospital de Niños Benjamín Bloom, que experimentó un recorte de 6.4 millones de dólares.
“Por otro lado, los principales incrementos se han realizado en mecanismos de ejecución de fondos de mucha opacidad, como el FOPROMID, al que se le han incorporado 125.5 millones de dólares, sin informes de ejcución. Así como la creación de una nueva partida presupuestaria denominada Programa Especial de Combate a Terroristas”, señaló.
“Esta nueva partida tiene una asignación de 76 millones de dólares, que serán utilizados sin pasar por los controles de la LACAP , fondos que se ejecutaran, y allí están dos grandes rubros: 30 millones para servicios generales y arrendamientos (datos base de datos presupuestarios ) y el 27 millones de dólares para transferencias al sector privado, que es también ejecución de fondos sin control”, acotó Magaña.
A lo anterior, refirió Magaña, se suman los decretos de reforma al FODES y la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) que comenzó a impactar a la población de en sus municipios.
Magaña citó al municipio de Nahuizalco, que por el desfinanciamiento del FODES, el gobierno local se encontró sobrepasado para dar atención en el servicio de recolección y el tratamiento de desechos sólidos. Así como, la paralización de servicios sociales que brindaba la alcaldía en talleres y programas de preparación técnica a mujeres y jóvenes en sus territorios.
“Otro elemento preocupante de la ejecución presupuestaria de 2022, es la estructuración que dada a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que pese a crearse con la Ley General de Recursos Hídricos, no tenía un presupuesto asignado. Y lo hicieron eliminando el FONAES, pasando activos y pasivos a la ASA, por esto vemos a la ASA, ejecutando proyectos que no tienen que ver con su finalidad por mandato de ley”, señaló.
“Preocupa que el proyecto de presupuesto 2023, se haya presentado sin un Plan General de Gobierno y que el Ministerio de Hacienda, siga sin publicarlo oficialmente en sus canales institucionales, para su consulta ciudadana. Un retroceso en los derechos de acceso a la información de la población y contraloría social”, indicó.
En cuanto al Sistema de Pensiones, el economista de AltavocES señaló que uno de los principales problemas es la capacidad de “cobertura”, al referir que en la actualidad 3 de cada 10 personas está trabajando de manera remunerada, pero sin tener acceso en la cotización al sistema de pensiones.
“Esta realidad significa que 3 de cada 10 personas van a tener derecho a acceder a un beneficio de pensión y significa también que cada 7 personas 10 que están trabajando y tienen una remuneración están excluidas del Sistema de Pensiones, esto es grave”, advirtió.
“Este es un problema y que la actual reforma no ha tocado, incluso su ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya), en diferentes declaraciones -ha dicho- que el tema de la cobertura a partir de esta brecha no lo considera relevante y esto es preocupante”, reiteró Magaña. Y es que, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha señalado que una pensión universal a personas mayores de 60 años que no cuentan con un registro en el sistema de pensiones y se encuentran en situación de pobreza, le podría costar al Estado 145 millones de dólares al año, al que denominan un “pilar no contributivo de pensiones”.
Magaña, comentó “esto puede parecer mucho”, pero que al compararlo con la asignación al FOPROMID, que ha ejecutado 125 millones de dólares sin control, podría ser una alternativa pero de manera estructurada para financiar este programa del “Pilar no Contributivo de Pensiones” a beneficio de la población.
“Muchas de las promesas alrededor de la pensión mínima no se ven reflejadas en la propuesta de ley de pensiones. En el artículo relacionado la establece en 304.17 dólares, eso contrasta con lo que han dicho los funcionarios que será de 400 dólares”, argumentó.
“Lo que hacen con la propuesta de pensiones, es un incremento generalizado del 30% a todas las pensiones sin establecer criterios, parámetros o cómo se va a financiar ese componente. Y esto es fundamental porque un Sistema de Pensiones debe ser intergenaracional. Porque debe ser capaz de cumplir con las pensiones de ahora y asegurar las pensiones del mañana”, reiteró Magaña.
En cuanto al tema de la previsión, Magaña expresó, que sin importar que el ministro de Hacienda y otros funcionarios públicos, están diciéndole a la población que se va a derogar el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), que ha sido el mecanismo para tomar deuda de los fondos de pensiones de los anteriores gobiernos, la nueva propuesta no significa un cambio concreto.
“Van a crear el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que tendrá la capacidad de emitir instrumentos de deuda llamados, Certificados de Obligación Previsión al, que serían equivalentes a los instrumentos de deuda emitidos por el Fondo de Obligaciones Previsionales, o sea, solo sustituye un instrumento por otro”, comentó.
“Y lo peor es que obliga al Fondo de Pensiones a utilizar esos fondos para comprar el 100% de las emisiones de estos instrumentos de deuda (COP), es decir, que en esta propuesta el Fondode Pensiones estarán obligados a comprar la totalidad los certificados de deuda que emita el ISP. Y si ya el mecanismo del FOP ha sido problemático por haber obligado a la compra del 45%, pues esta nueva propuesta obliga a comprar el 100%, que solo acrecentará ese problema y todas estas realidades tiene impacto en las comunidades vulnerables”, puntualizó Magaña.
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