Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Mssr. Yaneth Cerritos
En un Estado de Derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las leyes de una determinada materia (educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc.); a través de estas, el Estado debe dar respuesta a las necesidades sociales o generar mejores estadios de desarrollo con principios, objetivos y metas precisas.
La formulación de políticas públicas en un régimen laico supone el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías, sean estas religiosas, étnicas, de género, por preferencia sexual, etc. (Blancarte, R.: 2008).
Uno de los requerimientos esenciales del Estado laico es tener autonomía real frente a cualquier doctrina religiosa o filosófica específica, con el objetivo alcanzar el bien común y el interés público, y este, no puede ser alcanzado si el Estado se convierte en el protector o impulsor de una corriente de pensamiento religiosa o filosófica, en detrimento de otros sectores de la sociedad, sean estos mayoritarios o minoritarios.
Los debates para la formulación de políticas públicas, en torno a temas controversiales, deberían ser en forma laica, más allá de una creencia religiosa personal, esto para evitar que el Estado se vea supeditado a una ética religiosa particular, favoreciendo a ciertos grupos religiosos de la región vinculados con el poder político.
Lo anterior podría significar la intervención de las iglesias o grupos religiosos o filosóficos específicos, en asociación con grupos de poder dentro del Estado, en las políticas públicas de educación, salud, régimen de convivencia y libertad de expresión, entre otros, en contra de las libertades individuales y ciudadanas.
Las agrupaciones religiosas pueden opinar pero no decidir sobre la conformación de las leyes o moldear las políticas públicas; estas, por el contrario, son definidas (en el respeto de los derechos humanos) por el pueblo a través de sus formas de representación, particularmente las parlamentarias y de soberanía popular. Es la única forma que puede definir, a partir de un cierto momento, lo que es válido y lo que no lo es, lo permitido y lo que es prohibido.
