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José M. Tojeira
No existe nada mejor para convivir armoniosamente en un país que el tener políticas públicas claras, conocidas por la ciudadanía, dialogadas y aceptadas por todos. En un país como el nuestro esta necesidad social se vuelve cada día más urgente. Cuando las remesas tienen más importancia para la alimentación, la vivienda y la salud que las políticas públicas; cuando la vulnerabilidad social y económica está tan extendida, el tener políticas bien establecidas resulta necesario. De lo contrario, la individualidad tiende a imponerse y a impulsar la ley del sálvese quien pueda a través de la búsqueda de favores, engaños o incluso corrupción y crimen.
Es cierto que exceptuado el año duro de pandemia, en el que se agravaron los niveles de la pobreza y la desigualdad, estas dos lacras sociales se han ido reduciendo lentamente en El Salvador. Pero la salida de la pobreza no dio estabilidad a la mayoría de los que salieron de ella. Permanecieron en una escala social en la que la pérdida de trabajo, un accidente o una enfermedad de un miembro de la familia, podían devolverles a la pobreza. Según algunos cálculos de agencias internacionales, el 75% de nuestra población o permanece en pobreza, o ha salido de ella pero conserva niveles altos de vulnerabilidad. Sin políticas públicas claras, implementadas y apoyadas por todos, es difícil cambiar esa situación. Y sin ellas, aunque los liderazgos sean exitosos en el arrastre e influencia sobre la gente, los problemas estructurales y la improvisación continúan creando una amargura y una decepción que más tarde o más temprano aflora con formas de violencia o corrupción.
Si en algo hay consenso respecto a las políticas públicas es en la necesidad de impulsar en el país una educación universal y de calidad, desde la primera infancia hasta los 18 años. Pero hasta ahora ningún gobierno se ha animado a poner el bachillerato como parte de la enseñanza obligatoria. Ha crecido la sensibilidad respecto a la primera infancia en el gobierno actual, pero la necesidad de una educación de calidad y universal para nuestros niños y jóvenes hasta los 18 años, continúa siendo una tarea que no se resuelve con la distribución de computadoras o con discursos bonitos. El acceso a internet debe ser gratuito para todos los estudiantes de primero, segundo y tercer ciclo, si se desea que el internet no se convierta también en una fuente de desigualdad frente al parendizaje. La importancia de una política bien formulada, bien ejecutada y bien financiada resulta indispensable.
El sistema de protección social salvadoreño tiene que ampliarse mucho más. Un solo sistema público de salud de calidad adecuada para todos, un sistema de pensiones universal y digno, un tiempo de licencia por parto mejor financiado y más amplio, seguro de desempleo y acceso a vivienda digna y propia, son tareas que deben estar presentes en la política pública. No será algo que se pueda conseguir en un año ni en dos, pero los pasos, avances e inversiones que mejoren el sistema de protección social salvadoreño deben estar planificados. Y deben ser uno de los puntos básicos de evaluación de quienes gestionan el sector público salvadoreño.
La reforma fiscal y la lucha contra la corrupción son también dos factores de política pública que deben caminar juntos. Si queremos caminar hacia el desarrollo podremos pedir préstamos. Pero endeudar severamente al país, o pagar préstamos con otros préstamos, no nos conducirá muy lejos. El desarrollo o lo impulsamos seriamente desde nuestros propios recursos, o permaneceremos en estos niveles de desarrollo lento y desigual que privilegia a quienes tienen ventajas económicas o políticas y mantiene en la pobreza o la vulnerabilidad a la mayoría. Y es evidente que, si bien debemos pagar nuestro desarrollo entre todos, deberán aportar más quienes más tiene. Reformar los impuestos sobre la renta y el IVA es una tarea que los gobiernos no se han atrevido a emprender con seriedad.
La corrupción, no solo estatal, sino también privada, es un de los problemas que se deberían combatir con mucha mayor seriedad y compromiso. Las políticas públicas deben estar presentes en estos temas. Y con seguridad en muchos otros temas más. Pero para que estos temas estén presentes en el desarrollo del país, resulta indispensable, incluso para nuestra democracia, tan amenazada siempre por las derivas autoritarias y con frecuencia corruptas, que hablemos más de políticas públicas y que lo hagamos con transparencia y sentido social solidario.
