Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Tras las reformas efectuadas por Nuevas Ideas y aliados al Código Penal que establece penas de 10 a 15 años para medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y digitales que “reproduzcan y transmitan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”, diputados de oposición han manifestado que se está coartando la libertad de prensa.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que las reformas aprobadas de forma exprés, “son reformas tramposas”, porque la redacción pone en el mismo “huacal tanto a las pandillas como a los medios de comunicación y al periodismo”. Los anteriores son supuestos diferentes, “a mí me parecía adecuado el hecho de sancionar o prohibir ciertos grafitis, porque son indicadores de violencia, pero en el mismo se mete el supuesto de reproducir o transmitir mensajes sin hacer énfasis en los elementos que puedan ser sobre la intención que se tenga”. Es decir, planteó Ortiz, no hay diferenciación en cuanto a la intención es informar, “ahí no se aclara”, añadió.
“(El martes), hubo resistencia a trabajar un poco más finamente la redacción para que hubiese seguridad jurídica que no se van a llevar (preso) a un periodista, a un medio de comunicación o a una persona de medios comunitarios que quiera informar de hechos de violencia”, destacó Ortiz.
La reforma al Código Penal fue para incorporar un artículo 345-C, que permite penalizar con 10 a 15 años de prisión a quien “elabore o facilitare textos, pinturas, grafitis en propiedad privada y pública “que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales que hagan alusión a maras o pandillas”.
El segundo párrafo del mismo artículo dice “igual sanción”, de cárcel, para quienes, por medio del uso de tecnologías de la comunicación, reproduzcan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas”. En síntesis, aquellos trabajadores relacionados al periodismo pueden verse afectados con las reformas solo por el hecho de informar sobre las noticias relacionadas a las pandillas, tal y como medios de investigación como El Faro que hablan sobre la presunta tregua que existe en el actual Gobierno con las pandillas, con pruebas incluso de la propia FGR.
El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, pidió que se eliminara el segundo inciso de la reforma que penaliza a los medios de comunicación. “Hay una clara violación al derecho de prensa”, dijo; sin embargo, la solicitud no tuvo los votos necesarios.
También, el Gobierno solicitó que, con dispensa de trámite, la Asamblea aprobase una reforma a la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Con esto se declaran ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada que explícita o implícitamente transmitan mensajes relacionados a agrupaciones ilícitas.
“De igual manera queda prohibido a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieren generar zozobra y pánico en la población”, decía la iniciativa.
El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, comentó que “la mayoría de los medios son serios y profesionales y pueden decir ´mire Asamblea, mire Ejecutivo, mire presidente, esta pequeña parte que está redactada aquí nos imposibilita hacer nuestra misión, no se van a morir porque ahorita quede así”. Sin embargo, los oficialistas no avalaron que las reformas fuesen estudiadas a profundidad en la respectiva comisión.
Estas acciones del Gobierno de Bukele y sus diputados han generado diversas reacciones de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Periodistas de El Salvador que rechazan las reformas. Pero también, las preocupaciones de la comunidad Internacional como Human Rights Watch.
