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César Villalona
Para algunos voceros de la derecha, el apoyo del gobierno a las familias de escasos recursos se llama populismo y derroche y el apoyo a una gran empresa se llama incentivo. Es indudable que el lenguaje de la derecha tiene un marcado contenido de clase.
En 2010-2015, los gobiernos del FMLN invirtieron 937 millones en siete programas que benefician a miles de personas de bajos recursos: Ciudad Mujer, Agricultura Familiar, Comunidades Solidarias, Paquetes Escolares, Alimentación Escolar, Pensión Básica Universal y Ayuda Temporal al Ingreso. Los directivos de la ANEP y FUSADES condenan esos programas, pues consideran que es un pecado económico ayudar a una familia pobre. ARENA votó porque los programas fueran políticas públicas, pero pasadas las elecciones de 2014 los calificó de derroche.
En esos mismos años, el gobierno les devolvió a las empresas exportadoras 1,010 millones que habían pagado de IVA cuando compraron medios de producción importados. Para los “analistas” de derecha, esa devolución, que está consagrada en la ley y supera todo lo invertido en los programas sociales, no es un derroche sino un incentivo.
En el país hay 26 las leyes que les permiten a las empresas no pagar impuestos, todas aprobadas durante los gobiernos de derecha. Para el fisco eso significa una pérdida de ingresos por más de mil millones de dólares al año. ¿Qué dicen los voceros de la derecha sobre esos privilegios? ¿Habrá alguna relación entre esas leyes y el déficit fiscal?
Las leyes de incentivo son buenas si estimulan la inversión y el empleo en sectores económicos estratégicos. Y los programas sociales son buenos si combaten la pobreza y benefician a los sectores de bajos ingresos. Pero los voceros de la derecha defienden los subsidios a los ricos y condenan los subsidios a la gente pobre, como si el deber del gobierno fuera apoyar a quienes tienen mucho y olvidarse de quienes tienen poco. Esa es la lógica de la oligarquía nacional pero no la de un gobierno de carácter popular.
Un informe de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa elaborado en 2009, mostró que muchas de las llamadas leyes de incentivo no estimularon la inversión ni el empleo. Lo que se ha expandido es la fuga de capitales hacia otros países, pues el excedente de los millonarios no puede invertirse totalmente en un mercado constreñido por la dolarización.
El informe de Hacienda debería servir de referencia para un estudio más profundo, que determine cuáles leyes son necesarias y cuáles podrían modificarse. Es entendible que las maquilas tengan exenciones de impuestos, pues en otros países reciben los mismos beneficios, pero es injusto que periódicos como El Diario de Hoy o La Prensa Gráfica sigan exentos de algunos impuestos.
Cuando en octubre de 2014 se modificó la ley de impuestos sobre la renta para que los periódicos tributaran sobre sus ganancias, como lo hacen las radios y los canales de televisión, sus dueños acusaron al gobierno de atentar contra la libertad de prensa. Sin embargo, esos medios se mantienen activos y arreciaron sus ataques contra el gobierno y el FMLN.
Es necesario avanzar en materia de justicia tributaria. Hay que ponerles impuestos a los ricos (como el de la propiedad, que quitó Cristiani), combatir la evasión y elusión y revisar algunas leyes de incentivos que afectan los ingresos del gobierno.
