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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Debido a que el país carece de medidas legislativas para la protección del medioambiente, pues con el paso del tiempo el Estado ha acumulado distintas deudas en esa materia, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) instalará en los próximos días un Tribunal Social y Ambiental, integrado por personas de reconocida trayectoria y capacidad técnica.
La inexistencia de políticas públicas orientadas a la protección del medioambiente a nivel mundial genera condiciones de vulnerabilidad, los monopolios y oligopolios, transnacionales o capitales nacionales promueven con facilidad industrias extractivas, monocultivos, deforestación, producción de mercancías de un solo uso, sobre explotación de mantos acuíferos superficiales y subterráneos, depredación y extracción de la fauna, entre otras.
Héctor Carrillo, director en funciones de FESPAD, dijo que el objetivo de este tribunal es darle la oportunidad a la población para presentar ante esta instancia situaciones “que representan graves riesgos al medioambiente y la vida de miles de salvadoreños”.
Carrillo sostuvo que el Tribunal Social Ambiental tendrá la función de ventilar casos de gran reverencia, como por ejemplo la mina Cerro Blanco en Guatemala, se dará oportunidad a los ciudadanos de dar a conocer el impacto en el medio ambiente del país, así como permitirle al Estado salvadoreño de contar con propuestas técnicas para abordar la problemática.
“Casos como estos hay que ventilarlos en este Tribunal Social y Ambiental, hacemos un llamado a los candidatos de la Asamblea Legislativa, Ejecutivo y gobiernos locales a incluir el tema medioambiental en su agenda. Principalmente al caso de la mina Cerro Blanco se le debe dar importancia, buscar un acercamiento con el Gobierno de Guatemala y ponerle un alto”, enfatizó.
En diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, sin embargo, pero esta no ha solucionado los conflictos ambientales en los territorios; por ejemplo, el caso del proyecto de la octava represa hidroeléctrica sobre el Río Sensunapán, el proyecto urbanístico Valle del Ángel; la destrucción del “El Cerrito”, en Quezaltepeque; la quema en plantaciones de monocultivo de caña de azúcar, la amenaza trasfronteriza de la mina Cerro Blanco, la sobre explotación de los mantos acuíferos, entre otros.
Para FESPAD, es necesario que desde las víctimas, organizaciones de derechos humanos y ambientales se cuente con espacios alternativos, con robustez ética y técnica, para denunciar las vulneraciones al medioambiente. El primer Tribunal Socio ambiental en El Salvador será un ente capaz de emitir resoluciones no vinculantes ante casos emblemáticos.
Asimismo, hizo un llamado a las comunidades de la sociedad civil, colectivos, pueblos indígenas, mujeres, juventudes, personas naturales o jurídicas a plantear sus casos de graves violaciones al medioambiente a través del enlace https://formas.offie.
