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José Acosta
En los últimos días han ocurrido una serie de movilizaciones y muchas otras expresiones del pueblo en contra de la privatización del agua. Los antecedentes de estos acontecimientos se remontan a marzo de 2006 cuando un grupo de organizaciones, que posteriormente se constituyeron en el Foro del Agua, presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas, argumentando que el marco legal existente es obsoleto y fragmentado y no responde debidamente a las necesidades de la población.
Seis años más tarde, en marzo de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó su anteproyecto de Ley General de Aguas. El contenido tiene como base la propuesta del Foro del Agua, de manera que no existen diferencias sustanciales. Posteriormente, en octubre de 2013, una Asociación de Regantes, desconocida hasta ese momento, presentó a la Asamblea un nuevo anteproyecto.
Con estas tres propuestas en la mesa y tomando como base la presentada por el MARN, la Asamblea Legislativa del periodo 2012–2015 inició el debate, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de ese momento tuvo un rol activo en la elaboración de la ley, esto en buena medida obedeció a la capacidad de la diputada Lourdes Palacios, presidiendo dicha comisión.
A pesar de las obstinaciones de la derecha se logró acuerdo en 92 artículos, pero el consenso se entrampó en el tema de la institución rectora del agua.
La manzana de la discordia fue si la empresa privada participará o no en el ente encargado de formular las políticas, resolver conflictos por uso del agua, aprobar permisos y emitir sanciones. En otras palabras, la discusión era si el Estado tendrá el dominio en la regulación del agua del país o si permitirá que los privados tomen esas decisiones.
Estas intenciones perversas se vieron frustradas por el buen trabajo de la fracción del FMLN y también por las elecciones de 2015, que resultaron en una nueva legislatura en la que el doctor Guillermo Mata asumió la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Bajo el liderazgo del doctor Mata la comisión tuvo el mismo esquema de trabajo, cerrando los espacios a intereses privados en la posible conformación de la autoridad hídrica.
En junio de 2017, los 4 partidos de derecha presentaron un nuevo anteproyecto de ley, denominado: “Ley Integral del Agua”, esta propuesta plantea claramente que el ente rector sería una institución autónoma controlada por el sector privado, representado por la ANEP y COMURES. Nuevamente el desempeño de los diputados y diputadas del FMLN en la comisión y la presión ciudadana impidieron que dicha propuesta entrara a estudio.
Sin embargo, los resultados electorales del 4 de marzo configuraron un nuevo mapa político en la Asamblea Legislativa, allanando el camino para que la derecha avance con su propuesta. El 5 de junio, la comisión legislativa responsable del tema ambiental, esta vez presidida por una arrogante diputada de ARENA, acordó iniciar la discusión de la “Ley Integral del Agua”, es decir, el proyecto con el que se busca entregar al sector privado la gestión del agua.
Desde luego, esta decisión arbitraria y nefasta ha generado un contundente rechazo de la ciudadanía. Movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, organizaciones ambientalistas, juntas administradoras de sistemas comunitarios de agua, universidades, la Iglesia, medios populares de comunicación y la sociedad en general se está movilizando por la defensa del agua. “Si nos quitan el agua, nos quitan la vida, por eso estamos en la calle y continuaremos la lucha hasta las últimas consecuencias”.
Expresó una señora del Bajo Lempa cuando participaba en una de esas movilizaciones.
