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A mediados de la semana pasada, en cadena nacional de Radio y Televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una serie de medidas para paliar la crisis económica, de las cuales dos son las que en efecto podrían contribuir a mermar el impacto del costo de la vida ante la galopante inflación provocada por factores externos, como los altos precios del petróleo, e internos como el incremento al salario mínimo y la voracidad empresarial.
Y es que el impacto de la pandemia por la COVID-19, primeramente, y luego el alto costo del oro negro, producto de las constantes especulaciones en su precio, agravadas hoy por la guerra entre y Rusia-Ucrania, y, por supuesto, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a la Federación Rusa por invadir a mediados de febrero a su vecina Ucrania.
Aunque hay que ser claros, y decir, que la inflación en El Salvador comenzó de forma galopante desde octubre y noviembre del año pasado, luego de que entrara en vigencia el nuevo salario mínimo en agosto de 2021.
Y es que el presidente Bukele decretó un nuevo salario mínimo sin contemplar aspectos para evitar la inflación galopante. Hasta antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación en El Salvador superaba el 6.5%, lo que significa que los altos costos de los productos no han sido producto de la guerra, lo que no significa que esta esté impactando en estos momentos.
Diversos sectores de la oposición, tanto empresarial como política, así como de la sociedad habían pedido al gobierno, desde hace varios meses, tomar medidas para paliar las continuas alzas de los combustibles, pues, al subir el precio de éste, suben también los precios de los productos por el coste en el transporte de los mismos.
Entre las medidas pedidas por la oposición estaban eliminar algunos de los cinco impuestos del combustible, pero, el gobierno guardaba silencio, mientras los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados en el Congreso aseguraba que eso no era viable.
Y no fue, sino hasta la semana pasada que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele rompió el silencio y anunció la suspensión por tres meses, en un primer momento, de dos impuestos a la gasolina, tal como lo había pedido la oposición.
Concretamente el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche del jueves pasado, suspender el impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE), el cual es de $0.16 centavos por cada galón de combustible, la Contribución al Transporte (COTRANS), el cual es paga $0.10 centavos en cada galón de combustible.
Estas dos medidas, sin lugar a dudas, son las más específicas de las once anunciadas en la cadena del jueves, pues, las otras son para hacer número o para darle el elemento circense para mostrar a un Gobierno fuerte y, por tanto, represivo.
Es en este marco que se da con gran exposición mediática la captura del empresario del transporte colectivo, Catalino Miranda, y la suspensión de la línea de las dos ruta de buses, con el consiguiente decomiso de más de 200 unidades, por haberle subido el precio al pasaje, sin autorización de la autoridad respectiva, además, por obstaculizar la vía pública, al usarla como terminal de la ruta.
Por cierto, si esto último fuera severamente castigado, la mayoría de unidades del transporte público deberían ser decomisadas, pues, las terminales no son más que tramos de las calles principales de las colonias. La ruta 3 por ejemplo, que hace su recorrido de Sierra Morena (Soyapango) hacia San Salvador, ocupa casi dos cuadras de la calle principal como terminal de buses. Son pocas las rutas que tienen terminales apropiadas.
Las otras medidas, como el despliegue de inspectores de la Dirección de Minas e Hidrocarburos, para garantizar, calidad, tipo y cantidad exacta de los combustibles, o la de incrementar el número de inspectores en distribuidoras de gas propano para que se entregue la cantidad exacta de gas licuado de petróleo en los cilindros a los salvadoreños que los compren, deberían ser permanentes, no anticrisis.
Incluso, la vigilancia para evitar el incremento en el transporte colectivo debería ser permanente.
Quizá un tercera medida de las once que podría tener alguna repercusión positiva en estos momentos es que la CEL renegocie contratos con distribuidoras de energía, para que la luz no sea afectada con el incremento de los hidrocarburos, aunque, esto ya sucedió, pero el Gobierno no se ha dado cuenta.
Esperemos que las medidas logren los efectos esperados, y que esto sea más relevante que el show montado para demostrar la “mano dura” del Gobierno de Bukele.
