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A raíz de que el informe del perito financiero no dio los resultados que la Fiscalía General de la República esperaba, en el caso contra el ex presidente Mauricio Funes y su familia, esta amenazó con investigar a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Tanto la Fiscalía General de la República como Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por iniciativa de algunos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ordenaron abrir un proceso contra Funes en la Cámara Segunda de lo Civil, por supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
El peritaje financiero que ordenó la Cámara establece que Vanda Pignato, ex esposa de Mauricio Funes, y el hijo de este, Diego Funes, “no generaron ingresos, y que sus cuentas fueron cubiertas por el ex presidente”.
El perito también sostiene que no hay indicios de que el ex presidente Funes haya sustraído dinero de los fondos públicos, y que más de 300 mil dólares que aparecen en su cuenta provienen de un sobrante de una cuenta que tenía a su nombre bajo el amparo de los “Amigos de Mauricio Funes”.
Por cierto, esos y otros fondos fueron declarados por Funes, antes y después de salir de la Presidencia, pero, en Probidad hicieron caso omiso, y decidieron judicializar el caso.
La Fiscalía, ante su fracaso, ha amenazado con investigar a la SSF, solo porque quien está al frente de dicha entidad pública fue ministro de Seguridad Pública y de la Organización de Inteligencia del Estado, tratando de sugerir que el perito actuó siguiendo órdenes de la máxima autoridad de la SSF.
Aún y cuando no somos doctos en la materia, estamos entendidos que, cuando un juez solicita peritos a la Superintendencia, este actúa a título personal, y si es escogido por la autoridad judicial es porque reúne el perfil ético y profesional.
Es decir, los peritos, una vez juramentados por un juez, actúan a título propio y bajo la responsabilidad de cuidar su buen nombre y profesionalidad.
Entonces, cuando la Fiscalía amenaza con investigar a la institución, lo que busca es mantener el nombre y justificar la posible caída del caso a terceros y no a la incapacidad o falta de robustez presentado por el ente fiscal. La Fiscalía debe actuar con más responsabilidad.
