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Por Leonel Herrera*
El periodismo de investigación ha confirmado durante la última semana que dos vicios característicos del actual gobierno son: la corrupción y las negociaciones con grupos criminales, prácticas que no sólo vulneran normas éticas, sino que también violentan leyes del país y -por tanto- constituyen delitos penales. Dicha confirmación sugiere que asegurar la impunidad de tales ilícitos es el principal motivo de Nayib Bukele y sus cómplices para mantenerse en el poder a todo costa.
La revista digital Factum publicó tres de los doce casos sobre irregularidades en el uso de fondos públicos durante la emergencia por la pandemia de COVID-19 que fueron procesados por la extinta Comisión Internacional Contra Impunidad en El Salvador (CICIES), los cuales involucran a funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele.
(https://www.revistafactum.com/secretos-cicies/)
El primero tiene que ver con un contrato a sobreprecio con la empresa de telecomunicaciones COALT, vinculada a Ernesto Castro y a Juana Rodríguez, para la instalación de una red de fibra óptica en el Hospital El Salvador, el centro médico donde se concentró la atención a los enfermos de COVID y que fue presentado por la propaganda gubernamental como “el hospital más grande de América Latina”.
Castro es muy cercano a Bukele, por lo cual el mandatario le confía la presidencia de la Asamblea Legislativa; y Rodríguez fue su administradora financiera en las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, en su partido Nuevas Ideas y en Casa Presidencial, motivo por el que la colocó como designada presidencial mientras él tiene licencia para hacer campaña para su reelección inconstitucional. Según la CICIES, la empresa de la que Castro y Rodríguez han sido directivos, cobró al gobierno un sobreprecio de 500%.
El segundo caso está relacionado con el financiamiento irregular del Diario El Salvador, medio de comunicación estatal que es financiado con fondos públicos, pero está administrado por una sociedad privada. La CICIES también cuestionó el financiamiento del “Noticiero El Salvador” (Canal 10).
El periódico impreso y el programa televisivo son los principales instrumentos de propaganda gubernamental en medios tradicionales: difunden únicamente la perspectiva oficialista y son utilizados como herramientas de ataque contra políticos, académicos, activistas, medios independientes, periodistas críticos y otros que el gobierno coloca en el bando opositor porque simplemente no se someten a la narrativa oficial.
Y el tercero es una compra irregular de mascarillas, que involucra a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Las mascarillas fueron compradas a una empresa china que vende condones y peluches en máquinas dispensadoras. Entre las anomalías señaladas por la CICIES están el incumplimiento de normas del proceso de adjudicación, mala calidad del producto y la extraña entrega de 495,000 dólares a una desconocida mujer de República Checa.
Factum recuerda que la CICIES investigaba otros nueve casos de posible corrupción y también asesoraba a la Fiscalía General de la República en otros 25 casos. Probablemente por esa razón fue cerrada por el propio Bukele en junio de 2021, a pesar de haber sido una de sus más emblemáticas propuestas electorales.
Por su parte, la plataforma multimedia FOCOS TV reveló que un grupo de 27 funcionarios oficialistas y tres familiares cercanos del presidente Bukele se repartieron 4.9 millones de dólares del estatal Banco Hipotecario en préstamos personales. Según el referido medio digital, la mitad de dichos préstamos fueron otorgados mientras la población salvadoreña sufría los embates del COVID-19.
Los fondos -que debieron utilizarse para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis sanitaria- fueron usados para comprar viviendas en zonas exclusivas de San Salvador, lotes en la playa y algunos inmuebles que ya habían sido comprados con anterioridad.
Entre los beneficiados con esta piñata hay tres primos de Bukele y doce diputados que buscan la reelección, entre ellos el presidente legislativo Ernesto Castro y la vicepresidenta Suecy Callejas. En la lista de favorecidos también destaca la propia presidenta del Banco Hipotecario y otros funcionarios del Ejecutivo. Según la publicación periodística, algunos préstamos habrían sido entregados sin cumplir los requisitos.
Y, finalmente, el semanario digital El Faro reveló que el gobierno de Bukele intentó recapturar a Elmer Canales Rivera, conocido como “Crook”, para anticiparse a las autoridades estadounidenses que lo detuvieron en noviembre del año pasado. La fallida conspiración buscaba evitar la extradición del cabecilla pandilleril a Estados Unidos y dar un golpe mediático antes de las elecciones del 4 de febrero.
Según el semanario digital, la delictiva operación era coordinada por un alto mando policial que hablaba en nombre de un “patrón” y “mandamás”, que podría ser el director de la Policía, el ministro de Seguridad Pública o el propio presidente Bukele. Por la entrega de “Crook” el gobierno estuvo dispuesto a pagar 1.3 millones de dólares a otro cabecilla de maras y a un cártel de narcotráfico mexicano.
“Crook” había sido liberado ilegalmente por el gobierno en noviembre de 2021. El jefe pandilleril fue sacado de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, le fue entregada una arma para su defensa, fue alojado en un apartamento lujoso en San Salvador y llevado a Guatemala por un funcionario que -en audios publicados por El Faro- dice que sus acciones eran del conocimiento de “Batman” (probablemente refiriéndose a Bukele).
Como advirtió un periodista de El Faro en entrevista con la mexicana Carmen Aristegui, esta naturaleza corrupta y criminal del gobierno pone en vilo el futuro del país, ya que -con tal de asegurar impunidad- Bukele buscará nunca dejar el gobierno. El presidente y sus secuaces parecen tener muy claro que sus opciones sólo son: mantenerse en sus puestos de poder o ser enjuiciados por los delitos que han cometido.
*Periodista y activista social.
