¿Por qué calla el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador?

Por Leonel Herrera*

Reportes recientes del Instituto de Medicina Legal (IML) indican que José Santos Melara, conocido como “Pepe”, debe ser traslado con urgencia a un centro de atención médica para tratar varias enfermedades agravadas por las condiciones carcelarias.

“Pepe” fue capturado con engaños el pasado 31 de mayo y está encarcelado por decisión de un tribunal de (in) justicia al servicio de la dictadura de Nayib Bukele. También están detenidos otros diez dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos el firmante de los Acuerdos de Paz Atilio Montalvo y el comunicador popular Luis Menjívar.

Según informan varios medios periodísticos, Melara padece diabetes, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, sinusitis crónica, síndrome de intestino irritable, úlceras en ambos pies y otras enfermedades que ameritan atención médica con extrema urgencia.

“Pepe” es un ex jefe guerrillero y ex diputado del FMLN. Al momento de ser capturado se desempeñaba como presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de El Salvador (ANVEGE), dirigente de la Alianza El Salvador en Paz y directivo del Instituto Administrador de los Beneficios de Veteranos y ex Combatientes (INABVE).

Como líder del sector de veteranos y ex combatientes del conflicto armado, Melara era uno de los más acérrimos críticos del desmontaje institucional, la reversión democrática y la instalación de una nueva dictadura. Esto incomodó al gobernante de facto y sus secuaces.

El 1o. de junio organizaciones de veteranos y ex combatientes pretendían protestar por el segundo mandato inconstitucional de Bukele. Así que para evitar cualquier acción cívica que empañara la fiesta autoritaria, el régimen detuvo un día antes a “Pepe” y compañía por “planificar actos terroristas”.

Lo que está sucediendo en El Salvador es grave, muy grave. En otra columna de opinión, refiriéndonos al caso de Atilio Montalvo, planteamos la pregunta sobre si el culmen del negacionismo histórico del “bukelato” ¿será asesinar a un firmante de los Acuerdos de Paz? Ahora nos preguntamos sí también ¿intentan matar a “Pepe”?

Y frente a esto no sorprende la indiferencia de la mayoría de la gente, pues está relacionado con un fenómeno complejo relacionado con el miedo, la alienación y el adormecimiento resultante del proceso de “desciudadanización” de la población comentado en artículos anteriores.

Pero uno de los silencios más inquietantes tiene que ver con el Sistema de Naciones Unidas en el país. ¿Por qué sus representantes callan ante el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad propiciada por los Acuerdos de Paz que la misma ONU ayudó a lograr y que después los presentó al mundo como un ejemplo a seguir?

Ojalá que el secretario general Antonio Guterres le jalara las orejas a esta gente o que interviniera él directamente, para acabar con esta vergonzosa omisión de la ONU en éste y otros casos de persecución política.

Por ejemplo, en la espuria acusación penal sin pruebas contra los ambientalistas antimineros de Santa Marta y ADES, ha salvado a la ONU la postura clara, firme y consecuente de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, quien ha pedido al Estado salvadoreño “retirar los cargos”.

Sin embargo, Naciones Unidas no ha dicho nada ante el incumplimiento de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, a pesar de haber reconocido su importancia para la implementación de los Acuerdos de Paz permitiendo el desarme de las organizaciones insurgentes y la incorporación de sus miembros a la vida civil.

Ojalá que Naciones Unidas reaccione y cumpla un rol coherente con sus principios y objetivos en este momento tan oscuro de la historia nacional. Y ojalá que también la población despierte, pues esta desolación durará el tiempo que la gente tarde en asumir una actitud ciudadana digna, crítica y demandante.

*Periodista y activista social.