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Por Leonel Herrera*
Durante la noche del pasado 30 de mayo y la madrugada del 31, el régimen de Nayib Bukele capturó y encarceló a varios dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos José Santos Melara (“Pepe”) y Atilio Montalvo (Salvador Guerra). En la noche del 31 también fue capturado Luis Menjívar, comunicador de la misma organización.
Melara es un ex jefe guerrillero, ex diputado y actualmente preside la Asociación de Veteranos de Guerra de El Salvador (ANVEGE); y Montalvo es también ex comandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz. Junto a ellos fueron detenidos otros ex combatientes de la guerrilla y veteranos de la Fuerza Armada.
Las capturas son a todas luces ilegales: no había orden de detención y algunos fueron sacados de sus casas con engaños. Más tarde, como reacción a la denuncia pública en redes sociales y medios de comunicación, la Policía Nacional Civil, no la Fiscalía, publicó que los capturados preparaban atentados terroristas para el 1o de junio, el día de la toma de posesión del mandato inconstitucional de Bukele.
Según la surrealista narrativa policial, los capturados detonarían explosivos en gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Como prueba presentó un audio supuestamente grabado por uno de los detenidos y una fotografía de unos “explosivos que fueron encontrados en el Cerro de Guazapa”.
Tal versión es difícil de creer. Primero, porque la Alianza es una organización pacífica y no reivindica métodos de lucha violentos; y segundo, porque -como señalan los movimientos que se han pronunciado sobre el caso- no se puede creer en autoridades de seguridad pública acostumbradas a montar casos falsos, inventar pruebas y manipular evidencias.
Todo apunta a que se trata de un montaje y que los verdaderos motivos son otros muy distintos a la preparación de supuestos atentados terroristas. En mi opinión, hay -al menos- cinco razones de la detención de Pepe y demás dirigentes de la Alianza.
La primera se refiere a que Bukele no quería ninguna protesta social que empañara su fiesta autoritaria, y menos de los “revoltosos” veteranos de guerra. Y el objetivo se logró: el dictador no sólo desbarató las acciones de protesta pacífica que realizarían organizaciones de la Alianza, sino que también infundió miedo inmovilizador a otros movimientos sociales que también protestarían contra la instalación del gobierno de facto.
La segunda tiene que ver con el intento gubernamental de “descabezar” a la Alianza, capturando prácticamente a todo su directorio. La Alianza El Salvador en Paz es una convergencia de sindicatos, organizaciones comunales y asociaciones de veteranos que -junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular- organizan movilizaciones contra el régimen de Bukele y está entre las que más enfáticamente han denunciado su reelección inconstitucional.
La tercera se relaciona con la necesidad de debilitar y desarticular al sector de veteranos, veteranas y ex combatientes, cuyo nivel organizativo y de combatividad es perjudicial para la nueva ciudadanía desinformada, acrítica, sumisa y borrega que la dictadura quiere. Grupos de presión como los veteranos deben ser aniquilados, para evitar protestas contra la nueva “medicina amarga” que anunció el gobernante inconstitucional el 1o de junio.
La cuarta es la intención de callar las denuncias sobre el incumplimiento estatal de las obligaciones con el sector de veteranos. Como dirigente de ANVEGE y directivo del Instituto Administrados de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), Pepe llamaba al sector a defender sus derechos conquistados con los Acuerdos de Paz.
Y la quinta razón es la posible represalia por el respaldo que las asociaciones de veteranos y ex combatientes han dado a la causa de los ambientalistas de Santa Marta y ADES procesados injustamente por oponerse a la tenebrosa minería metálica. Pepe entendió desde el principio que la arremetida contra los líderes comunitarios de Cabañas era -en realidad- contra todos los veteranos, veteranas y ex combatientes del conflicto armado.
La arremetida gubernamental contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz requiere una respuesta de todo el movimiento social salvadoreño.
Si esto no sucede Pepe y Chamba Guerra podrían morir, debido a su delicada situación de salud; y a partir de ahora cualquier persona (activista social, defensor de derechos humanos o ciudadano crítico que la dictadura quiera eliminar) puede ser el siguiente capturado sin orden de detención, con mentiras y acusado de cualquier cosa.
*Periodista y activista social.
