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Por David Alfaro
La situación en El Salvador bajo el régimen de excepción, implementado por el gobierno de Bukele, ha generado diversas críticas y preocupaciones a nivel nacional e internacional. Bajo este régimen, se han suspendido ciertos derechos y libertades con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, particularmente la violencia de las pandillas. No obstante, en las cárceles de Bukele hay alrededor de 22 mil inocentes, según organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Muchos de ellos tienen sus cartas de libertad emitidas por jueces.
A continuación, planteo algunas hipótesis sobre por qué el gobierno podría estar reteniendo a miles de presos a pesar de las órdenes judiciales de liberación:
1. Consolidación del Poder y Control Social.
El gobierno de Bukele ha mostrado una tendencia hacia la centralización del poder. Mantener a un gran número de personas detenidas puede ser una forma de mostrar control y poder absoluto, desafiando incluso las decisiones del poder judicial. Esto podría ser una táctica para disuadir cualquier forma de oposición o disidencia.
2. Política de Seguridad Rígida.
La administración de Bukele ha sido muy enfática en su lucha contra las pandillas. Retener a estos presos, independientemente de las órdenes judiciales, puede ser parte de una estrategia para demostrar que el gobierno es implacable en su enfoque de seguridad, buscando mantener el apoyo popular a través de una postura firme contra el crimen.
3. Manipulación de la Opinión Pública.
Al mantener un alto número de detenciones, el gobierno puede estar tratando de proyectar una imagen de eficacia y control en la lucha contra el crimen. Esto puede ser utilizado para fortalecer la narrativa gubernamental de que las medidas extremas son necesarias para mantener la seguridad y el orden, y que el gobierno «no se equivoca».
4. Corrupción y Abuso de Poder.
Las acusaciones de corrupción y abuso de poder, especialmente dirigidas hacia figuras como Osiris Luna, sugieren que intereses personales y económicos pueden estar influyendo en la administración de los centros penales. La retención de presos podría estar relacionada con esquemas de corrupción dentro del sistema penitenciario y no querer abandonar el multimillonario negocio de los paquetes y cuotas (120 millones de dólares anuales).
5. Desacato Judicial.
El hecho de que la dirección de centros penales no se someta al mandato del poder judicial podría reflejar un intento deliberado de socavar la independencia judicial. Al ignorar las órdenes de liberación, el gobierno y sus funcionarios podrían estar enviando un mensaje de que el poder ejecutivo tiene supremacía sobre el poder judicial, lo cual es característico de regímenes autoritarios.
6. Ocultamiento de Crímenes y Manipulación de la Realidad.
El encubrimiento de la cifra real de muertos en las cárceles, y su entierro en fosas comunes, refleja un esfuerzo deliberado del gobierno por evitar el escrutinio internacional y las condenas por violaciones de derechos humanos. Este secretismo impide una evaluación objetiva de la brutalidad del régimen y refuerza el clima de impunidad. En un Estado de derecho, las vidas de los prisioneros deben ser protegidas, no ocultadas para evitar responsabilidades.
Estas hipótesis son un intento de explicar la compleja situación en El Salvador. La falta de transparencia y la concentración de poder en manos del ejecutivo son elementos que complican la situación y dificultan una evaluación completa del problema.
