Editorial

¿Por qué nadie se sorprende o se alarma?

La semana pasada, el Banco Central de Reserva dio a conocer los resultados del censo poblacional y de vivienda 2024, el cual indica que la población en El Salvador es de 6 millones 29 mil 976 personas, de los cuales el 52.8% son mujeres, y el 47,2 % hombres, y que gran parte de la población es gente joven, de entre 25 a 29 años.

Los datos de los censos, por supuesto, son relevantes, pues se supone que es el dato científico demográfico que utilizan los gobiernos para establecer políticas de diversos tipos, enfocadas a cada segmento de población, así como de carácter geográfico.

El proyecto de presupuesto general de la nación para el 2025 debió responder a ese censo, no obstante, esto no es así, porque, seguramente, al gobierno no le interesa o no lo entiende, o ambas situaciones.

Este editorial no pretende profundizar en lo anterior, ya habrá oportunidad para hacerlo, en la medida en que los expertos lo desmenuzan o lo expliquen. Lo que sí queremos tratar es el hallazgo de la población residente en El Salvador y apta para votar.

¿Por qué? Porque hay un dato que debería tener sorprendido a los salvadoreños, y más que sorprendidos, alarmados. Nos referimos al hallazgo de que el censo muestra un millón once mil 905 personas menos, en edad de votar, de lo que establece el padrón electoral. El censo podría validar la sospecha de fraude en El Salvador, dado los gritos de fraude que se difundieron en las elecciones de febrero y marzo del presente año, sobre todo las presidenciales y legislativas, cuando aparecieron miles de papeletas “planchadas”, o la abultada votación para las presidenciales y legislativas, y las disminuidas elecciones para concejos municipales.

Los votantes de las elecciones de febrero fueron tres millones 268 mil 466, de los cuales a Nuevas Ideas le adjudicaron dos millones 701 mil 725, lo que le dio la presidencia al segundo periodo inmediato a Nayib Bukele. El padrón electoral utilizado en las elecciones de este año señala que hay cinco millones 473 y tres mil 305 empadronados, pero el censo dice que son cuatro millones 461 mil 400 aptos para votar.

Esa diferencia de más de un millón de personas en el padrón debería ser tema de debate de todos los salvadoreños, comenzando, por supuesto, por los partidos políticos

Claro, puede haber otras explicaciones “técnicas” que ni los responsables del censo, es decir, el BCR, han dado.

Y si el censo revela que en el país residen 4,461,400 mayores de los 18 años, ¿De dónde salió el otro millón? Una de las posibilidades, expuesta en una de las noticias de Diario Co Latino sobre el tema, es que se trate de un Padrón Electoral inflado, con personas fallecidas y este no ha sido depurado. Esto, si bien podría haber ocurrido, es difícil de creerlo, pues en 17 años han pasado varias elecciones y en cada elección hay depuración del padrón. Se pueden escapar los de los últimos tres años, pero no de 17. Esto lo confirma el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien reportó que en los últimos 20 años fueron excluidas del padrón cerca de 735 mil salvadoreños, entre fallecidos, quienes han renunciado a la nacionalidad salvadoreña y condenados.

La otra posibilidad puede ser de personas que obtuvieron el Documento Único de Identidad (DUI), y que fueron incluidas en el padrón, pero emigraron y no residen en el país. Es cierto que la migración hacia Estados Unidos, principalmente, no ha cesado, pese al discurso mentiroso del Gobierno del inconstitucional Nayib Bukele, que los salvadoreños en vez de irse quieren regresar.

Y más allá de que los salvadoreños, sobre todo los jóvenes, prefieren emigrar, la cifra no concuerda con la realidad, lo que acentúa más las sospechas que hay un padrón electoral amañado, y hoy que el TSE lo controla Nuevas Ideas, la sospecha de amaños probable.

Esperemos qué digan los técnicos y los expertos, así como los partidos políticos. Por hoy, vale la pena no quitar el dedo de la posibilidad de fraude en las elecciones de 2024, sobre todo en las presidenciales y legislativas, más allá de la popularidad del inquilino de Casa Presidencial.

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