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Por Colectivo Tetzáhuitl*
A un Presidente se le debe juzgar por sus acciones y no por ofrecimientos o declaraciones demagógicas…
“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis…” (Mateo 7, 15-20)
Frutos, obras, acciones, da igual.
Lo importante es que a un político, a un dirigente de partido, a un funcionario público y sobre todo a un Presidente de la República se le debe juzgar no por lo que declara sino por lo que hace, no por lo que promete y dice que va a hacer ya en el cargo, sino por lo que realmente hace o está dispuesto a hacer.
A un funcionario se le evalúa además por lo que no hace a pesar de que lo ofreció y podría haberlo hecho.
En tal sentido, a Bukele, su gobierno, Nuevas Ideas y el bloque de derecha que representan hay que juzgarlos por lo que hicieron hasta ahora una vez asumieron el control de la Presidencia y no tanto por lo que prometieron en campaña en el 2019.
Bukele se vendió como un candidato de izquierda, identificado con los intereses populares y esencialmente anti oligárquico.
Con ese espíritu inició su carrera política de la mano de José Luis Merino, ex dirigente del FMLN, allá por el año 2012 como alcalde de Nuevo Cuscatlán.
Enarbolando la bandera de la anti política y la anti corrupción, Bukele comenzó a criticar a los gobiernos del FMLN y a tomar distancia de la dirigencia del partido hasta conquistar el voto de la izquierda y ganar las elecciones presidenciales del 2019 bajo la bandera de un partido de derecha, paradójicamente acusado de corrupción y de ser un partido tradicional.
Ya en el control del cargo presidencial, Bukele comenzó a hacer todo lo contrario de lo que había ofrecido y que prometió que iba a hacer.
Ofreció combatir la corrupción tanto en el gobierno como la promovida por los grupos empresariales.
En sus primeros cuatro años en la Presidencia no hizo absolutamente nada al respecto.
Por el contrario, restringió drásticamente el acceso a la información de naturaleza pública y ordenó el cierre de todos los expedientes abiertos por el ex Fiscal General Raúl Melara en contra de su gobierno.
Es decir, no solo bloqueó las investigaciones penales en contra de sus funcionarios más cercanos, sino que consintió y hasta ocultó las habituales prácticas corruptas de sus
funcionarios que habían sido detectadas por la Comisión Investigadora de la OEA (CICIES), la que acabó disolviendo.
Entre estos expedientes se encontraba una voluminosa investigación denominada “Catedral”, centrada en tres emblemáticos casos: Las negociaciones con las Pandillas, la corrupción en la entrega de alimentos durante la pandemia del COVID y la creación de una organización criminal creada para saquear fondos públicos y que era manejada desde Casa Presidencial por la Jefa de Gabinete, Carolina Recinos de Bernal, los hermanos de Bukele, el Secretario de Comercio de CAPRES y tío de Nayib y el Presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah.
La investigación fue literalmente cerrada y los fiscales que habían participado en ella fueron perseguidos y amenazados hasta exiliarse.
Hace un año, con ocasión de su cuarto aniversario, Bukele anunció en la Asamblea Legislativa una “Guerra contra las Pandillas” y puso de ejemplo el inicio de un proceso penal contra el ex Presidente Alfredo Cristiani, acusado de haber malversado fondos públicos cuando fue Presidente entre 1989 y 1994.
En esa ocasión, reunió en Casa Presidencial a todo su gabinete y les dijo a los funcionarios que asistieron que no pasaría a la historia como un Presidente que había robado y que además no deseaba que se le recordara como un Presidente, tal como ocurrió con Napoleón Duarte, que aunque no había robado sí estuvo en cambio rodeado de funcionarios ladrones y corruptos.
Sus palabras fueron interpretadas como una amenaza directa a sus funcionarios de que no vacilaría en meterlos presos si llegaban a manejar indebidamente fondos públicos.
Hace unos días, la Fiscalía dio a conocer la captura del Comisionado Presidencial para Proyectos Estratégicos, Christian Flores, acusado del delito de Cohecho o soborno.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Christian Flores cobraba comisiones en dinero por el otorgamiento de algunos proyectos municipales y nacionales bajo su responsabilidad.
El caso ha sido exhibido como una muestra más de esta “cruzada nacional” en contra de la corrupción.
Los mismo hizo meses atrás cuando ordenó la captura del entonces Presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, por los delitos de Actos Arbitrarios y Cohecho Impropio en perjuicio de la administración pública.
Pese a algunas detenciones, entre ellas las de un Diputado se Nuevas Ideas, acusado de falsedad ideológica y material, Bukele continúa sin explicar por qué la Fiscalía no procesa a los funcionarios cercanos de su gobierno sobre los cuales se tienen suficientes pruebas de que han cometido actos de corrupción que han afectado las finanzas públicas.
Algunos de ellos hasta aparecen en el listado de corruptos del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de EEUU.
Tampoco ha explicado por qué le ordenó al Fiscal Rodolfo Delgado que cerrara los expedientes de investigación penal que había abierto el ex Fiscal Raúl Melara y que contenían abundante evidencia en contra de los funcionarios investigados.
Mientras no explique esas decisiones controversiales, Bukele podría pasar a la historia como un Presidente que si bien no robó, afirmación que solo él y su gobierno sostienen en público, sí en cambio protegió a funcionarios corruptos de su gobierno y los encubrió e impidió que fueran investigados y enjuiciados.
Deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la población…
Lo mismo podría decirse de las promesas económicas y sociales hechas en el 2019.
Bukele ofreció una reforma tributaria progresiva en la que deberían pagar más impuestos aquellos contribuyentes que ganan más ingresos.
Sin embargo, después de cinco años en la Presidencia y con el control absoluto de las decisiones legislativas, el país sigue teniendo una política tributaria regresiva que hace caer el peso de la fiscalidad en los pobres y en la clase media.
Tampoco acabó con los privilegios económicos de los grupos empresariales oligárquicos, como dijo que lo haría.
Por el contrario, fortaleció su presencia en la economía nacional y aumentó la concentración de la riqueza en pocas manos.
Para el 2023, el 10% más rico del país concentraba el 60% de la riqueza nacional.
Mientras que el 50% de las familias de menores ingresos apenas tenían acceso a menos del 5% del PIB.
Como hemos señalado en otras ocasiones, 160 millonarios del país acaparan casi el 90% de la renta nacional y un solo grupo empresarial, el grupo Kriete, dedicado a la aviación comercial entre otros negocios, tiene un patrimonio de más de 7 mil millones dólares, es decir, cerca del 20% del PIB.
Bajo el gobierno de Bukele los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
Lejos de disminuir la pobreza de ingresos, tal como prometió, esta pobreza aumentó en un 5%, volviendo a los niveles de finales del gobierno de Saca.
En cinco años pasaron a formar parte de los cinturones de pobreza 255 mil salvadoreños más de los que había en el 2019.
En la administración Bukele el poder adquisitivo de los salvadoreños se ha reducido y sus condiciones de vida se han deteriorado.
Y en esto no solo han tenido que ver los problemas económicos y sociales que generó la pandemia del COVID o las crisis económicas internacionales.
En cinco años Bukele no ha sido capaz de diseñar un programa de reactivación económica del país, basado en una mayor atracción de inversión extranjera directa (IED) y de inversión privada nacional.
La inversión pública ha caído en todos estos años y el programa de inversiones contemplado en el Presupuesto Público apenas se ha concretado en un 60%.
Las finanzas del gobierno se han deteriorado y la deuda pública se ha disparado a más de 30 mil millones de dólares, es decir, un poco más del 90% del PIB.
El gasto social también se ha contraído.
De hecho fueron suprimidos una docena de programas sociales que venían de los gobiernos del FMLN y otra docena más han sido desfinanciados.
En campaña, Bukele dijo que aumentaría el gasto social, sobre todo en Salud y Educación.
Prometió a los estudiantes de la UES que aumentaría el Presupuesto de la Universidad hasta convertirlo en uno de los más altos de la región.
No solo no lo aumentó sino que en estos momentos tiene una deuda de más de 70 millones de dólares con el Alma Mater, lo que le está provocando serios problemas financieros a la institución.
Tampoco construyó las sedes regionales universitarias que ofreció y no marchó con los estudiantes como dijo que lo haría para exigir un aumento presupuestario a la Asamblea.
Ya en la Presidencia desfinanció programas estratégicos de alto impacto social como Ciudad Mujer, la Pensión Básica para Adultos Mayores, la entrega de paquetes agrícolas y la entrega de los paquetes escolares, el vaso de leche y la alimentación escolar, entre otros.
En cinco años de gobierno de Bukele cayeron la mayoría de los indicadores sociales que habían mejorado en los diez años de gobiernos del FMLN.
Entronización de la Dictadura…
A nivel político en estos cinco años el país ha retrocedido en términos de convivencia democrática.
El Estado de Derecho y el orden constitucional han sido vulnerados en varias ocasiones.
El país se ha convertido en una autocracia donde una sola persona concentra la casi totalidad del poder político para beneficio del clan gobernante.
Bukele ofreció más democracia, respeto a las Leyes y a la Constitución y una nueva forma de hacer política que le diferenciaría de los anteriores gobiernos.
Pero desde que asumió el cargo de Presidente se ha dedicado a desmontar la democracia en el país y a perseguir a la oposición.
El Estado se ha convertido en violador de los Derechos Humanos. Muchos inocentes han muerto bajo el control de elementos de la policía o del ejército, otros guardan prisión injustamente sin que existan pruebas contundentes en contra de ellos.
El país lleva ya más de dos años sometido a un injustificable régimen de excepción que vulnera derechos fundamentales, como el de defensa y la presunción de inocencia.
La Asamblea Legislativa en manos de Nuevas Ideas acaba de reformar un artículo de la Constitución (art. 248) que contiene una cláusula pétrea que, tal como su nombre lo indica, no puede ser objeto de reforma a menos que sea derogado por una Asamblea Constituyente.
De todo lo prometido lo único que se ha cumplido es la reducción de los niveles de delincuencia que el país enfrenta desde hace varias décadas.
Sin embargo, esta sensible disminución de los homicidios a manos de la pandillas no se debe a la aplicación de un efectivo plan de seguridad publica sino a una negociación con sus principales cabecillas, en la que se ha pactado un acuerdo de reducción de la violencia a cambio de beneficios procesales y económicos para los pandilleros.
En resumidas cuentas, a Bukele y su gobierno habrá que juzgarlos por sus acciones y decisiones y no tanto por sus promesas y anuncios demagógicos.
Como dice la Biblia citando expresiones de Jesús a sus discípulos: “Por sus frutos los conoceréis”
*El Colectivo Tetzáhuitl está integrado por un grupo de periodistas y analistas de la realidad nacional que se dedican a reflexionar sobre la situación política y económica del país.
Sus puntos de vista no están atados a ninguna ideología y mucho menos a intereses partidarios.
