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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Colectivos de víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos presentaron, por tercera ocasión, ante la Asamblea Legislativa, el “Anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas del Conflicto Armado en El Salvador”, la cual responde a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 que fue emitida hace ocho años y que hasta este momento sigue en incumplimiento.
Oscar Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre del Mozote y de Lugares Aledaños, explicó que la ley “es muy importante para todos los familiares que estuvimos durante el conflicto armado”, ya que es una deuda que ha venido desde hace años.
“Lo mínimo que pueden hacer para poder apoyar a los familiares de víctimas es estudiar y aprobar esta ley, eso es lo que nosotros pedimos”, dijo. Es de recordar que en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional emitió la referida sentencia que mandata a la Asamblea Legislativa la elaboración y aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional, que garantizara los derechos de las víctimas de acceder a la justicia, a conocer la verdad de lo sucedido, recibir reparaciones integrales por el daño causado durante el conflicto armado, a evitar la repetición de patrones de represión que originaron el conflicto y preservar la memoria histórica.
La legislatura 2015-2018 no lo resolvió, en ese sentido, en el año 2019 se presentó por primera vez un Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional; sin embargo, la Asamblea Legislativa que tenía una correlación diversa en partidos políticos, aprobó una ley que eliminaba las penas de cárcel a los criminales de guerra y que posteriormente fue vetada. Dicha legislatura tampoco resolvió el tema de la justicia transicional.
En octubre de 2021, se presentó por segunda vez el Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional por intermedio de la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, para que la Asamblea Legislativa afín a Nuevas Ideas, cumpliera su obligación de legislar en materia de justicia transicional pero tampoco resolvió.
Al inicio del trabajo de la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, se expresó la voluntad por aprobar una ley a favor de las víctimas del conflicto armado y además tuvo en sus manos el Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional, “pero en realidad, los diputados no tuvieron la voluntad política de estudiarlo y analizarlo (…) terminaron su periodo legislativo sin siquiera tocarlo”, comentó el colectivo.
En mayo de este año, al entrar la nueva Asamblea Legislativa siempre con mayoría de Nuevas Ideas, la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, archivo el Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional, en su “argumento” sostuvo que ha “perdido vigencia”.
Ana Julia Escalante, de la Asociación Pro-Búsqueda, recordó que la guerra también dejó a un sector vulnerable que son las niñas y los niños desaparecidos, “personas adultas y niños desaparecidos que todavía merecen saber quiénes son, merecen conocer su identidad, madres y padres que también merecen saber dónde están sus hijos, si estos hijos están vivos o no, pero necesitan cerrar esos duelos dolorosos, que todavía persisten ante la ausencia de esos niños y niñas que fueron arrebatados durante el conflicto armado”.
En ese sentido, por tercera vez y a través de la iniciativa de ley de la diputada Claudia Ortiz, se presentó el “Anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas del Conflicto Armado en El Salvador”, que cumple con los cinco pilares que debe contener una Ley de Justicia Transicional: justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica, bajo los estándares nacionales e internacionales que a pesar del paso del tiempo no pierden vigencia.
Para la elaboración del Anteproyecto de Ley, las organizaciones que promovieron la ley destacaron que se desarrolló un amplio proceso de consultas con familiares de víctimas, sobrevivientes y especialistas nacionales e internacionales, retomando los estándares nacionales -principalmente, la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993-y estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimimismo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del Relator para la Memoria, Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición de Naciones Unidas. De igual forma, este nuevo Anteproyecto fue presentado, aprobado y validado por víctimas del conflicto armado a escala nacional.
Las organizaciones y los representantes de las víctimas del conflicto armado exigieron que cumpla con el mandato que la Sala de lo Constitucional les ordenó en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, sobre la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional, que sea de beneficio para las víctimas del conflicto armado, siendo ellas el centro de todo el proceso, evitando la invisibilización y la revictimización de las personas sobrevivientes.
Solicitaron que su propuesta de ley sea asignada a una comisión y que durante el proceso de análisis se abra un diálogo amplio con las víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos/as, que culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado.
Las organizaciones que promulgaron esta ley fueron la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica. El trabajo para tener una verdadera Ley de Justicia Transicional ha sido de años, planteó Carlota Ramírez, sobreviviente de la masacre del Volcán de San Salvador en mayo de 1982; “primero trabajamos para derogar la Ley de Amnistía, después trabajamos para la Ley de Justicia Transicional y hemos venido trabajando con todos los gobiernos que han habido, ARENA, FMLN y hoy pues con Nuevas Ideas; esperamos que este documento no lo vayan a engavetar sino que se le dé seguimiento, porque cuando se engavetan, las víctimas ya no ven los resultados, se mueren, otras están mal de salud y los que vamos quedando somos pocos”, expresó.
