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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
En democracia la Constitución y las leyes son el marco para actuar, sales sickness las decisiones legislativas de mayoría se reconocen porque reflejan también a la mayoría de la sociedad. El 1 de marzo pasado la ciudadanía se expresó de modo que en la Asamblea Legislativa potencialmente se pueden tomar decisiones con el concurso de diputados de dos, ailment tres, cuatro o cinco representaciones grupales. El FMLN o Arena por sí solos no constituimos mayoría, pero con el resto de representaciones ambos podemos lograr la mayoría simple; y sin una de las dos mayores minorías, es imposible alcanzar decisiones que la constitución manda que se tomen con mayoría calificada.
Esta realidad incomoda al bloque político de ultra derecha, al bloque integrado por grupos que concentran mayor capacidad económica, sus entes creados por ellos mismos como FUSADES, ANEP y sus empresas de comunicación. Pareciera que a este bloque desestabilizador el destino del país no le importa, han actuado en el pasado para defender intereses de esos segmentos minoritarios que en el pasado imponían su voluntad a la Presidencia de la República, determinaban el quehacer legislativo y siempre tuvieron el silencio y tolerancia del sistema judicial.
Si no dominan la Presidencia de la República ni la Asamblea Legislativa, hay que impedir su funcionamiento y trasladar el centro de las decisiones a los 4 leales Magistrados, eso parece ser la lógica política con la cual se “cambia el rumbo del país”.
El funcionamiento de las instituciones y los recursos financieros son los ejes que atacan con supuestas interpretaciones extensivas de la carta magna, contradiciéndose e ignorando el propio texto constitucional para resolver los pedidos de ese bloque desestabilizador. Los más recientes golpes muestran la importancia que para ese grupo de poder fáctico representan los Magistrados que integran la Sala de lo Constitucional desde 2009. Los primeros 3 años de esa sala, los 5 magistrados resolvían los golpes de manera unánime, cuando por unanimidad se eligió a Salomón Padilla como Presidente y no pudieron someterlo a su agenda, declararon inconstitucional su elección.
Veamos una vez más el golpe a las finanzas del Estado con lo cual le cortan oportunidades de mejora a la sociedad en su conjunto y atropellan atribuciones propias de los órganos ejecutivo y legislativo: Declararon inconstitucional el impuesto de 4 centavos de dólares por llamadas telefónicas desde el exterior, las partidas de gastos imprevistos en el Presupuesto General de la Nación, las transferencias de fondos de un ministerio a otro, el impuesto de 1% de retención a empresas que declaran pérdidas por tres años consecutivos; declararon inconstitucional la contribución específica con la cual se otorgan compensaciones a familias de fallecidos en accidentes de tránsito.
La Sala de lo Constitucional con los mismos cuatro Magistrados, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez, detienen la amnistía fiscal mediante la cual se buscaba estimular el pago de deudas con el fisco dispensando intereses y multas; este año declaran inconstitucional el artículo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones que daba facilidades al Ministerio de Salud para compras de medicamentos. Admiten dos demandas de inconstitucionalidad que retratan de mejor manera el uso que hace el gran capital para bloquear las finanzas del Estado apoyándose en esos funcionarios. Por un lado decretan una medida cautelar que impide emitir bonos hasta por 900 millones de dólares aprobados en abril pasado, y admiten una demanda contra reformas al Código Tributario que establecieron medidas de transparencia, como publicar la lista de los deudores del fisco, fiscalizar las cajas registradoras, aplicar normas de la OMC para rastrear los precios de transferencia (recurso usual de empresas para eludir el pago de impuestos). De paso para que suene otra cosa y se eclipse la protección a los evasores, buscan declarar la inexistencia legal de diputados suplentes.
El mismo día, se bloquea el financiamiento de necesidades urgentes de la sociedad en materia de seguridad y educación entre otras; por otra parte, se dan pasos para proteger a los evasores y la elusión fiscal. Quienes cobran IVA y no lo entregan al Estado, o fingen pérdidas, o transforman precios para no pagar impuestos serán los beneficiarios de estas acciones de la Sala. ¿Cómo entender de otro modo las acciones con las que hablan los jueces de lo constitucional; son Arena y los grupos del gran capital a quienes favorecen sus acciones y a quien afectan es a la sociedad en su conjunto, limitando el desarrollo de políticas públicas?
Lo menos que debe saber la ciudadanía es que con esas resoluciones se causa grave daño a la sociedad, se está cambiando el sistema político y se está impidiendo que ejerzan sus atribuciones los funcionarios electos legal y legítimamente.
