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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Atres días de finalizar el plazo dado por la Asamblea Legislativa para que los contribuyentes del fisco pagasen saldos morosos con dispensa de intereses y multas, pharmacy la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad, suspendiendo con dicha admisión la posibilidad de que los contribuyentes se pudiesen beneficiar de dicha Ley, ordenando además al Ministerio de Hacienda a no recibir pagos, ni compromisos de pago, conforme al Decreto que contiene Ley Transitoria para facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones tributarias y Aduaneras.
El hecho ocurre cuando decenas de contribuyentes tenían en proceso, el acogerse a la ley para pagar el impuesto dejado de pagar en tiempo, y beneficiarse del no pago de intereses y multas; es decir que el principal afectado por la decisión son las empresas y personas naturales que se verían favorecidas. Es innegable que el Estado se verá afectado por la falta de pago, independientemente del motivo de la mora de los contribuyentes y en consecuencia le resulta positivo crear mecanismos que aseguren recibir ingresos que en su momento no fueron pagados. Nadie puede ignorar que al recibir tributos las autoridades disponen de lo previsto para cubrir obligaciones de brindar servicio y esto es lo que se busca afectar con la resolución dictada por la Sala.
Los ciudadanos firmantes de la demanda son jóvenes de Soyapango e Ilopango, en ambos municipios el gobierno ha invertido para beneficio de la gente, no solo las transferencias a sus gobiernos locales y beneficios en salud y educación, sino inversiones millonarias en resanar cárcavas, construir calles, puentes, etc.; es en eso que se invierten los fondos públicos. La Sala admite la demanda y si buscando dañar al Órgano Ejecutivo para evitar que perciba tributos adeudados, declara inconstitucional el decreto Legislativo, sentará el precedente para que los Concejos Municipales tampoco hagan disposiciones similares. La afectación entonces adquirirá dimensiones mayores para toda la población que por cualquier motivo no pagó en tiempo impuestos y tasas.
Según la autoridad hacendaria este decreto habría permitido que personas y empresas al solventar sus deudas, estuviesen en condiciones de participar en procesos de licitación y de brindar cualquier servicio en el que se les requiera estar solventes fiscalmente, incluyendo el acceso a créditos para los cuales los bancos requieren de las solvencias fiscales.
Para muchos resulta evidente el interés de la derecha de bloquear el funcionamiento del gobierno, resulta obvio su desinterés por la gente, tienen en mente causar daño a quienes consideran adversarios políticos y en función de ello mueven sus influencias para que desde el mismo Estado (en este caso la Sala de lo Constitucional) se lesione la capacidad fiscal.
Saben quienes viven en esta cruzada de desestabilización, que cada centavo en el gobierno se utiliza para servir, y si se sirve bien, si se amplían servicios, si se resuelven necesidades, la gente estará satisfecha, eso es lo que a ellos les desagrada.
La deuda de contribuyentes con el fisco supera los 500 millones de dólares y abarca más de diez años, cualquier medida lícita para que esa cuenta disminuya es positiva. ¿Cómo no ver así las cosas? Ya declararon inconstitucional la contribución especial que permitía pagar compensación económica a familiares de víctimas de accidentes de tránsito; ya han declarado inconstitucional retenciones de renta a empresas que por tres años consecutivos declaran pérdidas; ya han declarado inconstitucional el impuesto a las llamadas telefónicas provenientes del exterior. ¿Hasta dónde llegarán por este camino?
Según información del Ministerio de Hacienda, los procesos que producto de la emisión de la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, han quedado truncados, hubiese permitido al fisco el ingreso de más de 9 millones de dólares, sin contar con otros ingresos que pudieron haber ingresado dentro de los plazos fijados en la Ley. Este es el efecto que ha provocado la Sala de lo Constitucional al suspender la aplicación del artículo 1 de la Ley Transitoria para facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones tributarias y Aduaneras.
Los gobiernos municipales deberían analizar los enfoques con los cuales se aborda este tema que, al diseñarse como un golpe al gobierno, se los llevará de encuentro a ellos, estableciendo criterios que impidan a futuro emitir resoluciones municipales para el pronto pago de tasas e impuestos municipales.
La ciudadanía debe abrir los ojos y darse cuenta del alineamiento de las resoluciones de la actual Sala de lo Constitucional, las actuaciones son claras en indican a quién sirven.
Los afanes de cerco económico y financiero al país están en el centro de la agenda de aquéllos que buscan que el país no progrese por estar ellos fuera de la Presidencia de la República, está en la agenda de quienes articulan la desesperanza, pero el trabajo y las políticas del gobierno son claras en su interés de servir más y mejor a nuestro pueblo, especialmente a los sectores más necesitados y en buscar afanosamente una dinámica económica mejor. La marcha del país es hacia adelante, pese a ellos.
