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A mediados de la semana pasada,la Fiscalía General de la República allanó las oficinas de Veca Airlines, una empresa salvadoreña que ha tenido problemas de funcionamiento por lo que se vio obligada a parar las actividades temporalmente, lo que la obligó a indemnizar, de forma escalonada, a la mayor parte de su personal.
No obstante, un grupo de trabajadores interpusieron sus respectivas demandas ante el Ministerio de Trabajo, exigiendo una pronta indemnización y el pago de salarios y otros beneficios laborales. Este grupo de trabajadores, incluso, se tomó las instalaciones de VECA.
Esta acción llevó a algunos medios de comunicación de derecha a especular que Veca no solo había despedido a sus empleados, sino que se había apropiado de las cuotas destinadas a las pensiones. Estas afirmaciones fueron desmentidas por los funcionarios de la empresa.
Ante la noticia falsa o especulativa, la Fiscalía General de la República procedió al allanamiento de las oficinas de VECA, en la que secuestró información financiera y administrativa de la empresa.
Es curioso que la Fiscalía actuara de forma tan diligente en el caso de VECA, pero no hace lo mismo con el cierre de otras empresas. La sospecha es que la Fiscalía actuó rápido, porque la empresa de transporte aéreo está relacionada con reconocidos dirigentes de la izquierda salvadoreña.
Esperemos que no sea recurrente la participación de la Fiscalía solo en empresas vinculadas a la izquierda, sino, si la ley así se lo permite, que sea con todo tipo de empresas, en tanto que lo que se busca es el beneficio del trabajador y los interese del Estado.
Veca Airlines ha anunciado que reanudará pronto sus operaciones de bajo costo en América Central, lo cual esperamos, no solo para mantener competencia en vuelos centroamericanos, sino también para favorecer el bolsillo de los centroamericanos.
Además, es necesario que en el país se ofrezcan fuentes de trabajo con salarios dignos y permanentes, pues con ello se contribuye al desarrollo económico del país.
