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@JoakinSalazar
Elmer Roberto Charlaix Urquilla y su esposa María Arline Rivas de Charlaix, demandados por enriquecimiento ilícito por un incremento patrimonial injustificado de $18.5 millones de dólares, deberán esperar para la realización de la Audiencia Probatoria, luego de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro pospusiera dicha audiencia, por la falta de peritaje financiero.
Según registro, esta es la segunda vez que se pospone la audiencia probatoria, ya que la primera estaba programada para el 26 de septiembre, la cual también fue suspendida por falta de peritaje financiero. Sin embargo, para el peritaje es la tercera prórroga que otorga la Cámara a la perito.
Ante esto, los Magistrados de la Cámara reprogramaron la audiencia para el 20 de diciembre, al aprobar una prórroga de 35 días para que la perito concluya y presente el peritaje financiero.
La perito, Laura del Pilar Marroquín de Álvarez, tiene hasta el 10 de diciembre como fecha máxima para entregar el peritaje, ordenaron los magistrados de la Cámara.
Caso contrario establece la Cámara “Si la perito no entrega el peritaje financiero en la fecha máxima los magistrados notificarán a la Fiscalía General de la República para que abra un proceso por el delito de desobediencia de particulares, el cual es sancionado con una pena de prisión de uno a tres años de prisión y una sanción que oscila entre 50 y 100 días multa”.
Charlaix fue secretario privado del ex presidente de la República Elías Antonio Saca González, en el último periodo de ARENA 2004-2009 y fue demandado por enriquecimiento ilícito por más de 18.5 millones de dólares, luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectara un posible enriquecimiento ilícito por dicha cantidad.
Para la audiencia del 20 de diciembre, las partes ofrecerán las pruebas pertinentes, por lo que la Cámara decidirá si los procesados son responsables de enriquecimiento ilícito o inocentes. Actualmente, Charlaix guarda prisión porque está siendo juzgado penalmente por delitos relacionados con Lavado de Dinero y Activos y otros.
En caso de que los imputados sean encontrados responsables del ilícito, el procesado debe devolver al Estado lo mal habido y queda inhabilitado durante diez años para buscar o ejercer cualquier cargo público.
