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@arpassv
Comunidades y alcaldía municipal de Cinquera, departamento de Cabañas, anunciaron recientemente la realización de una consulta popular sobre la explotación minera, como parte de la resistencia a los nocivos proyectos extractivos que causarían graves daños ambientales, sociales y económicos en el país.
Esta será la quinta consulta efectuada en comunidades de la zona norte. En meses anteriores se han realizado en Arcatao, San José Las Flores, Nueva Trinidad y San Isidro Labrador, municipios chalatecos donde la población se ha expresado contundentemente en contra de la minería metálica: más del 95% ha dicho NO a la extracción de metales del subsuelo nacional.
El rechazo abrumador de la minería en las comunidades que serían las primeras afectadas, contrasta con la postergación irresponsable de la prohibición definitiva en la Asamblea Legislativa. Los mal llamados “Padres” (y “Madres”) de la Patria se niegan a aprobar una normativa que salve al país del peligro minero.
A pesar de la persistente exigencia de las comunidades, los llamados de la Iglesia Católica y la sentencia del CIADI favorable para el Estado salvadoreño, la Asamblea no avala el proyecto de ley que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático desde hace 10 años que fue presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La irresponsabilidad es también del gobierno, porque el Presidente Salvador Sánchez Cerén no aprueba un decreto ejecutivo que cierre las puertas a las empresas mineras mientras se aprueba una prohibición definitiva en la Asamblea.
Asamblea y Ejecutivo no acatan el consenso nacional contra la minería: inacción estatal que deja abierta la posibilidad de que transnacionales extractivas soliciten permisos de exploración o explotación y, al no tener respuesta positiva, procedan con nuevas demandas contra el país en tribunales corporativos.
Por lo demás, las consultas populares en Chalatenango y Cabañas constituyen manifestaciones genuinas de la democracia verdadera que debemos construir: una democracia donde la gente decida sobre las políticas públicas, que distribuya equitativamente la riqueza, transparente la gestión pública y democratice el modelo mediático.
Las consultas de las comunidades que resisten a la minería deberían ser, por tanto, una acción premonitoria de la democracia que está por venir y que se anuncia en el horizonte todavía nublado por la actitud autoritaria, la visión anti-democrática y la imposición de los intereses mezquinos de las élites oligárquicas.
