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@arpassv
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) publicó ayer un comunicado que es un monumento a la hipocresía: critica la subasta y la actuación de Astor Escalante, malady el fugaz titular de la SIGET que intentó subastar varios canales satelitales, frecuencias de radio y canales de televisión abierta.
El manifiesto, suscrito también por la Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños (AMPS), contradice la postura inicial de ASDER. La gremial de medios privados apoyaba la subasta presuntamente porque entre los beneficiados del fallido reparto estaba el ex presidente Antonio Saca, pero ahora la critica.
En el pronunciamiento ASDER se proclama defensora de la “libertad de expresión y de información como derechos fundamentales de la democracia”, y dice que nunca se ha opuesto al surgimiento de otros medios.
Ya se les olvidó, señores de ASDER, que (por presiones de ustedes) la ex ANTEL ordenó el cierre de una veintena de radios comunitarias en diciembre de 1995; y (también por influencia de ustedes) la derecha legislativa aprobó la Ley de Telecomunicaciones que no reconoce a los medios comunitarios ni a los medios públicos, establece la subasta al mayor postor como único mecanismo para asignar las frecuencias, eterniza las concesiones de radiodifusión y no establece ningún límite anti monopólico que evite la concentración mediática.
El comunicado de ASDER condena la “forma arbitraria de actuar” y los “trámites ilegales” realizados por Astor Escalante, así como el “irrespeto a convenios internacionales” por parte del ex superintendente. Esto es el burro hablando de orejas. O ¿acaso ASDER no avaló asignaciones irregulares de frecuencias en el pasado?: entrega del Canal 8 a AGAPE durante el gobierno de Armando Calderón Sol, la asignación de ocho frecuencias televisivas a Luis Francisco Pinto García en el gobierno de Antonio Saca y decenas de concesiones anómalas que ni siquiera tienen número de resolución.
Y sobre el “irrespeto a convenios internacionales”, nada más violatorio de los tratados internacionales que la Ley de Telecomunicaciones. Esta normativa, defendida a capa y espada por ASDER, no se ajusta a los estándares sobre libertad de expresión de la CIDH y la UNESCO que plantean la democratización del espectro radioeléctrico y el reconocimiento legal de los medios públicos, privados y comunitarios.
Mientras ASDER publica su manifiesto, sus medios afiliados convierten en chivo expiatorio a Astor Escalante presentándolo como el malo de la película, cuando los verdaderos malos de la película son los diputados que aprobaron la Ley de Telecomunicaciones y la propia ASDER.
