Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los efectos del cambio climático que ha traído sequías prolongadas, inundaciones recurrentes y desplazamientos de humanos, demanda otro diálogo para buscar soluciones sostenibles e integrales, explicó Alicia Bárcena Ibarra, de la CEPAl, durante la Pre Cop, en Costa Rica.
Para realizar este intercambio social, el Acuerdo de Escazú se convierte en un marco de reconocimiento a los derechos humanos de los pueblos, a su libertad de participación en temas de nación y terminar con la cultura de la impunidad por la tardanza de la justicia climática.
“Hace un año, el 4 de marzo de 2018, se firmó el Acuerdo de Escazú, que pretende darle expresión a los derechos humanos de los pueblos, es un instrumento que otorga derechos a los ciudadanos”, agregó.
En la primera ronda de Conferencias de Alto Nivel, de PreCop, en San José, Costa Rica, este 8, 9 y 10 de octubre, destaca el discurso de la diplomática mexicana Bárcena Ibarra, quien reiteró a las delegaciones gubernamentales de las regiones de mesoamérica, Suramérica y el Caribe, para asumir responsabilidades dentro de un “diálogo franco”, y dar paso, a los pueblos en situación de vulnerabilidad, a participar en temas que afectan sus territorios.
El alcance del Acuerdo de Escazú busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la aplicación de la justicia ambiental, que para Bárcena, es muy importante, porque es un acuerdo que fue contextualizado desde la realidad latinoamericana y el Caribe, que será un instrumento estratégico de diálogo y participación de las nuevas generaciones.
Escazú, de la lengua itzkatzu de Costa Rica, que significa “Lugar de Descanso”, cuenta con su propio lema “Nada sobre Nosotros, sin Nosotros. Cuyo contenido se encuentra “a tono”, indicó Bárcena, con los tiempos que se viven, los que calificó de “una enorme fragmentación mundial”.
“Venimos llegando de la Asamblea General (Acción Climática de la ONU, Nueva York, EEUU), y vimos con preocupación esta dicotomía entre globalización y patriotismo, en donde, lo que necesitamos son más, las acciones colectivas multilaterales, y es ahí en donde estamos debilitados”, expresó.
En cuanto este acuerdo, su contenido define claramente, la acción ciudadana y su participación, que se puede expresar a través, de sus derechos de demandar información, participar en las decisiones de gobierno, pero, sobre todo, la justicia ambiental, que es una deuda pendiente.
“Este es el primer acuerdo que existe a nivel internacional, que protege los derechos de los activistas ambientales, esa es la verdad. Y este se firmó, a un año de la muerte de Berta Cáceres (indígena Lenca) precisamente una luchadora ambiental de Honduras, que padeció precisamente esa situación”, reseñó.
Alicia Bárcena fue crítica, además, con lo que llamó la “Cultura de Privilegios”, y el aporte del Tratado de Escazú, que puede combatir este tipo de abuso frente a los pueblos vulnerados por el impacto del cambio climático.
“Este tema no es un tema de expertos, es de los ciudadanos, y no de los que tienen poco o pequeños intereses, es un documento, un tratado que aclara que hay una falsa dicotomía, entre el crecimiento económico-bienestar social y la sostenibilidad ambiental”, consideró. El acuerdo que es vinculante, cuenta con 21 países firmantes, con seis ratificaciones en firme, pero necesitan once países más, para que entre en vigor el Acuerdo de Escazú.
“Felicito a Granada, que firmó en la Asamblea General el Tratado de Escazú, muchos países caribeños que han participado recientemente, pero pedimos que los ciudadanos sigan, en el caso de la Justicia Climática, que los países (gobiernos) los hagan partícipes de los programas nacionalmente determinados. Porque necesitamos que la sociedad civil opine, que la sociedad civil participe, que éste presente porque eso queremos en la Pre Cop, la COP 25, y la siguiente”, opinó.
En cuanto al tema de la adaptación climática, la funcionaria de la CEPAL señaló que debe construirse una propuesta más profunda, para los pequeños Estados insulares, y una decisión concreta para el alivio de la deuda del Caribe, para un fondo de resiliencia a estos países. “En el caso de Centroamérica estamos verdaderamente trabajando juntos, ¿Para qué?, para entender el problema de los desplazados climáticos (SICA). Porque muchos productores de café se han visto desplazados por el cambio climático y ¿Quién los defiende? , entonces, nosotros queremos que los pueblos se apropien de este acuerdo, -Bueno, primero que lo ratifiquen los países- es importante, nos faltan cinco naciones”, dijo.
Con el Acuerdo de Iscazú, los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes , sobre todo, los jóvenes, podrán demandar sus derechos. Aquí están las claves y mandatos, de esto se trata, es un acuerdo de ciudadanos para ciudadanos, para ponernos a trabajar conjuntamente y traer a la mesa a quienes tienen que estar, el sector privado, al Estado y cambiemos la conversación de una vez”, puntualizó.