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@arpassv
El Juzgado Séptimo de Instrucción sentó ayer un precedente histórico en la lucha contra la corrupción: el Juez Miguel Ángel García Arguello mandó a juicio al expresidente Francisco Flores por los delitos de peculado, tadalafil enriquecimiento ilícito, desobediencia y lavado de dinero. El Juez también quitó el arresto domiciliar y mandó al ex gobernante arenero a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía.
Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es procesado y pasa a vista pública para ser juzgado por graves delitos de corrupción cometidos mientras gobernaba (1999-2004). El ex presidente Flores desvió millonarios fondos públicos (destinados a beneficiar a las víctimas del terremoto de 2001) a cuentas bancarias de su partido ARENA y otros “destinatarios”.
El caso va a sentencia, a pesar de la nefasta actuación de la Fiscalía que traicionó su rol de acusadora del Estado y conspiró con la defensa para favorecer al imputado: retrasó diligencias, no presentó pruebas y no incluyó el lavado de dinero. El propio ex Fiscal General Luis Martínez irrumpió en la audiencia del 5 de noviembre para intimidar a los querellantes de FESPAD e ISD y presionar al Juez García Arguello.
Lo más relevante de la resolución del Juez es la incorporación del delito de lavado de dinero, que fortalece la acusación contra el ex presidente Flores y permite ampliar las investigaciones hacia todos los participantes en la operación de blanqueo de los fondos, “destinatarios” y demás involucrados.
García Arguello estableció que el ex gobernante arenero cometió primero el delito de peculado (se apropió de fondos públicos destinados a proyectos sociales) y que el dinero ilegal obtenido cometiendo ese ilícito siguió después un recorrido a través del Banco Cuscatlán (City), el Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth” y finalmente ARENA.
La resolución tomó los argumentos y elementos probatorios aportados por la querella, cuyo papel fue fundamental para que el caso llegue a fase de sentencia haciendo lo que la Fiscalía no quiso hacer. El trabajo de los querellantes fue acompañado por la movilización de las organizaciones populares, lo cual también constituye un precedente de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Pero la lucha sigue. Las organizaciones y toda la población honrada deben estar pendientes para que la resolución no sea revertida por ninguna Cámara Penal y que el Tribunal de Sentencia que reciba el caso concluya con una condena para el ex presidente Flores y los “destinatarios” de los millonarios donativos de Taiwán.
