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Carlos Mauricio Hernández*
A lgunos alcaldes del Departamento de La Paz, en su mayoría de Arena, realizaron una acción política inusual el pasado martes 18 de octubre. Junto a empleados municipales bloquearon el paso en la Autopista que conduce de San Salvador hacia el Aeropuerto Internacional “Oscar Arnulfo Romero” durante un par de horas. Afectaron directamente a cientos de trabajadores que a diario circulan por esta importante vía, a personas que perdieron vuelos y a usuarios de los servicios que prestan cuando funcionan con normalidad. “Pedimos disculpas al pueblo salvadoreño por el cierre de la calle; pero es necesario para que nos paguen el FODES”, expresó el alcalde de San Luis Talpa (miembro del partido GANA). “Empleados municipales de hambre por culpa del gobierno”, se leyó en carteles llevados por manifestantes. ¿Era realmente necesaria esta acción para que les llegue el FODES? ¿Qué tan cercana a la realidad puede ser que quienes laboran en las alcaldías están en una situación de tanta precariedad (hambre) y, además, por culpa del gobierno?
Primero, habrá que considerar que quienes bloquearon la carretera no eran personas sin acceso a espacios de incidencia política. Son funcionarios públicos, son políticos que han triunfados en procesos electorales y por tanto, en este momento tienen poder. Lo cual les da un estatus que no lo tiene gente que muchas veces no tiene más vía que tomarse una calle para que les pongan atención. Aquí surge una nueva pregunta ¿cuál es la verdadera razón de esta inusual protesta de gente con poder político que actúa como si no lo tuviera?
La protesta se vuelve aún más incomprensible si se suma la aclaración que hiciera el mismo día de la protesta el ministro de Hacienda: el dinero de los préstamos que tienen las alcaldías sí se ha desembolsado para que no se generen intereses extras por atrasos en los pagos. Además, aclaró que el atraso no es de tres meses (agosto, septiembre y octubre), ya que el FODES se entrega al finalizar el mes. El atraso es solo de agosto y septiembre. Pero en la protesta se vociferaba como si se ignoraran estos dos importantes aspectos. La idea era atacar a lo que en su simpleza de análisis llaman “gobierno” sin tomar en cuenta que la responsabilidad del atraso no se agota en quienes están en el Ejecutivo: las sentencias de la Sala de lo Constitucional que entramparon dinero que iba para el Ejecutivo solo porque votaron diputados suplentes y la actitud negativa de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa para aprobar medidas que darían cierta liquidez que asegurarían fondos para las alcaldías.
¿Por qué entonces los alcaldes y empleados no protestaron contra las resoluciones de la Sala que les han afectado directamente? ¿Por qué no reclamaron a la fracción de Arena para que flexibilice su postura y encontrar soluciones inmediatas en beneficio de las municipalidades? Al parecer las razones están relacionadas más con una estrategia de carácter electoral que con una legítima causa política. Sólo así se puede comprender un poco por qué si se cuentan con recursos para movilizar gente no hay, en cambio, para pagar a proveedores o para las planillas de los empleados.
Lo inesperado de estas contradicciones es que ha puesto en la mira a quienes dirigen las alcaldías. Mueven a reflexionar sobre cómo están administrando la cosa pública. Por un lado, deberían de tener una estrategia efectiva de recolección de impuestos o un aparato jurídico que obligue a las empresas a estar al día en los pagos de las tasas municipales (en aquellos lugares donde existan) o a las personas con más recursos económicos que no estén cumpliendo con el pago de impuestos. Que el miedo al costo político no les paralice para ejecutar lo que por ley corresponde en relación con los impuestos. Por otro lado, sería deseable tener personas con capacidad de gestión para atraer a sus municipios proyectos que se puedan sostener con ayuda de cooperantes nacionales o internacionales. Todo esto para no depender tanto financieramente del FODES.
Por último, si la queja es que el dinero no alcanza, valdría la pena revisar si los sueldos que devengan como alcaldes o concejales o la cantidad de empleados contratados se corresponde con la cantidad de recursos que una alcaldía puede recibir según la cantidad de habitantes o de actividad económica presente en sus localidades. En este sentido, ser funcionarios públicos eficientes no depende tanto del gobierno central. Aquí la responsabilidad recae sobre todo en los políticos locales. De ahí que la ciudadanía espera que de ahora en adelante se ocupen esas energías, recursos y tiempo gastados en cerrar la autopista en actividades que demuestren sus mejores habilidades y creatividad para ser buenos gobernantes. ¿Están dispuestos a asumir este reto?
*San Juan Talpa
