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Redacción Nacionales
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La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado donde muestra su preocupación por las detenciones arbitrarias masivas, las condiciones de detención y las muertes durante los arrestos bajo el régimen de excepción, medida estatal que ya lleva un año y ha provocado violaciones a DDHH de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Luego de un año, el derecho a la vida, el derecho a ser libre de tortura y el principio a un juicio justo “siguen vigentes”, recordó la ONU.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aseguró que las autoridades de El Salvador han tomado varias medidas que plantean “grave preocupación” durante el año que el estado de excepción lleva vigente en el país centroamericano.
La portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, señaló que entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas” y el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. El régimen de excepción se impuso el 27 de marzo de 2022 tras un repunte en los homicidios, esta herramienta se ha prorrogado en 12 ocasiones; en un año, se han capturado a más de 66 mil personas; entre ellas miles de inocentes que nada tienen que ver con las pandillas.
“Algunos de los arrestos masivos, que han incluido a niños, pueden constituir detención arbitraria, ya que parecen basarse en investigaciones poco fundamentadas y en perfiles burdos del aspecto físico o de los antecedentes sociales de los detenidos”, explicó Hurtado.
La portavoz agregó que es preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de excepción entró en vigor, y solo se tenga información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes.
En ese sentido, la portavoz instó a las autoridades salvadoreñas a permitir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión.
La Oficina recordó a las autoridades salvadoreñas la experiencia internacional que demuestra que “confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”. En cambio, llamó a encontrar soluciones sostenibles y a largo plazo a la inseguridad y la delincuencia.
