José M. Tojeira
En pocos días hemos visto que continúa la epidemia de muertes en accidentes de tránsito. El Domingo pasado murió una persona víctima de un conductor borracho. El sábado previo habían muerto tres personas en el bulevar Mons. Romero. Y el viernes anterior otro accidente de tráfico en la carretera de La Libertad, causó cuatro muertes y dejó además a 14 personas lesionadas. En los primeros quince días de enero de este año, murieron en accidentes de tránsito al menos 43 personas. Si el año 2018 el número de muertes en tráfico creció un 5 % respecto al año anterior, este año tenemos una tendencia semejante. La tasa de muertes en tránsito de 2018, fue de veintiuna personas por cada cien mil habitantes. Más de diez muertes de una misma enfermedad por cada cien mil habitantes, constituye una epidemia según la Organización Mundial de la Salud. En El Salvador, tenemos una verdadera epidemia y grave de muertes en el tráfico. Si además de los muertos contáramos los heridos, podríamos obtener resultados de lo caro que le resulta a El Salvador, el tener una pésima organización del tráfico; caro en pérdida de vidas productivas, pues la mayoría de los muertos están en esa edad. Caro en pérdida de días de trabajo de los heridos, así como un ingente gasto en medicinas. Y en general no se advierte que haya una política adecuada, que trate de frenar los accidentes y solucionar la situación de verdadera crisis que sufrimos. No es la única crisis de El Salvador, pero viendo el número de muertos y heridos que produce, podemos catalogarla entre las tres o cuatro mayores crisis del país. Eso si pensamos en concordancia con nuestra Constitución, que insiste en que el Estado está al servicio de la vida humana.
La respuesta más común del Estado, a la crisis suele consistir en los retenes policiales para detectar borrachos puestos al volante. Y de vez en cuando alguna que otra cámara medidora de velocidad de vehículos, para multar excesos graves de velocidad. Los túmulos son el otro recurso para frenar vehículos, especialmente en zonas o carreteras urbanizadas. Pero el número de muertos y heridos nos dice con claridad que esas medidas son insuficientes e ineficientes. Buscar e implantar nuevas medidas es indispensable no solo para salvar vidas, sino para crear una cultura mayor de respeto a la vida y a la seguridad humana. Una alta proporción de accidentes se deben a irresponsabilidades personales de tipo individual, pero también a la despreocupación estatal por este tipo de muertes.
Entre las preguntas que debemos hacernos, está la de involucrar a las municipalidades en el ordenamiento urbano del tráfico. Cuando algunas alcaldías han puesto a personal entrenado a dirigir el tráfico en zonas de congestionamiento, los resultados ha sido en conjunto positivos. Tener una mayor responsabilidad municipal en el tráfico urbano sería positivo. Dedicar más agentes, especialmente en carretera, a supervisar el tráfico y exigir el cumplimiento de normas básicas es indispensable. Dedicar pensamiento, personas, organización y tecnología al tráfico es una exigencia vinculada a la protección de la vida y de los derechos de las personas. Y también unida al desarrollo y a la capacidad de responder racionalmente a los problemas. Hasta ahora da la impresión que el tema no es prioritario para el Estado. La normativa no se cumple, la protección del peatón es casi nula, la revisión de los vehículos en mal estado es deficiente. No se detiene a vehículos por problemas en las luces, ni se multa a quienes en zonas urbanas andan con luces altas sin bajarlas nunca y cegando a medio mundo. No se detiene a autobuses con expulsión excesiva de gases contaminantes. El transporte público de calidad es escaso, el ordenamiento urbano no tiene en cuenta el tráfico en sus planificaciones y lo poco que se hace, como los carriles de descargo para entrar en zonas de alto movimiento vehicular, terminan convirtiéndose en ocasiones en puntos de taxis. El abandono es generalizado y ello contribuye al descuido y la irresponsabilidad. Cambiar la situación, detenerse a pensar en el tráfico como un problema grave en el país, es necesario para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.