Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), junto con la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), presentó un escrito al comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán. En el documento, se expresa la preocupación por la prolongación del régimen de excepción en el país, lo cual “constituye una seria violación de los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños”.
Entre las atribuciones del comisionado, incluyen coordinar acciones con diversas instituciones del Estado para la protección de los derechos humanos y mantener un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, señalaron la inconstitucionalidad de mantener el régimen de excepción como una medida de seguridad permanente, ya que esto “ha provocado graves violaciones al derecho a la libertad, la salud y la vida de muchos salvadoreños”.
“Hacerle un recordatorio al comisionado de cuáles son las facultades que él tiene, que este gobierno le dio. Una de ellas es promover y tener esa coordinación de defensores de derechos humanos (…) Él puede coordinar con el Ministerio Público, todos estos expedientes han sido revisados en dos jornadas donde van la denuncia ante la PDDH y antecedentes penales”, agregó Ivania Cruz, vocera de UNIDEHC.
El régimen de excepción, inicialmente aprobado para enfrentar un alto número de homicidios, se ha convertido en una medida que, según los representantes de UNIDEHC y MOVIR, viola el artículo 30 de la Constitución de la República de El Salvador.
Dicho artículo establece que la suspensión de garantías constitucionales no debe exceder los 30 días y solo puede prorrogarse si persisten las causas que motivaron su promulgación. En este sentido, argumentaron que el Estado puede garantizar la seguridad mediante otras políticas que no impliquen la suspensión de garantías fundamentales, evitando así detenciones arbitrarias.
Además, presentaron 50 expedientes de personas detenidas “arbitrariamente” bajo el régimen de excepción. Muchas de estas personas no tienen antecedentes penales, no poseen tatuajes y, en algunos casos, ya han recibido cartas de libertad. Algunos de los detenidos tienen condiciones de vulnerabilidad debido a enfermedades crónicas, lo que agrava la violación de sus derechos a la salud y la vida.
“Nosotros no andamos ocultándonos, no andamos cometiendo ningún delito. Nosotros andamos simplemente defendiendo a las víctimas inocentes, esas personas que Andrés Guzmán se niega a aceptar que están siendo violentadas con sus derechos, están siendo asesinadas, están muriendo por enfermedades crónicas y nadie dice nada”, enfatizó Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.
Asimismo, solicitaron a Guzmán coordinar con el Ministerio Público para gestionar diálogos que permitan verificar estos casos y que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite medidas sustitutivas a la detención para los afectados, respetando así el principio de inocencia.
De la misma manera, pidieron la creación de una mesa de diálogo con todas las instituciones del Estado, incluyendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la FGR, la Dirección General de Centros Penales y el Ministerio de Justicia y Seguridad, “para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas injustamente detenidas”.
“No hemos visto ese diálogo, esa lucha para defender los derechos humanos. Usted puede ser acusado de incumplimiento de deberes porque no está cumpliendo, y eso queremos decirle: que asuma su papel de defensor de derechos humanos (…) 28 meses de régimen de excepción no es posible que quieran seguir justificando que no se violentan los derechos humanos”, puntualizó Ramírez.
Finalmente, exigieron al comisionado a activar los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema regional de la Organización de los Estados Americanos y del Sistema Universal de la Organización de las Naciones Unidas. “Nosotros esperamos que nos acepten estos expedientes y que le den el estudio respectivo y que se cree una mesa de diálogo. Por lo tanto, el comisionado ha dicho que no hay capturas y que no tiene los informes, todos los informes de organizaciones son públicos (…) el trabajo ya se los hizo MOVIR y UNIDEHC. Ahora esperamos que revise estos documentos y que no dé declaraciones falsas”, concluyó Cruz.