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Redacción Nacionales
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Comunidades de diferentes zonas del país e integrantes de la plataforma ciudadana AltavozES presentaron ante la Asamblea Legislativa la “Agenda Ciudadana por la Justicia Fiscal” que aparentemente es el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que se reflejan las aspiraciones de las comunidades, organizaciones territoriales y sociales, mujeres, y juventudes que buscan que se les garanticen sus derechos a través de políticas fiscales y presupuestos públicos.
La agenda elaborada por las comunidades tiene como centro la sostenibilidad de la vida, es decir, que plantean una serie de derechos que el Estado debe garantizar a través del presupuesto general de nación del año 2022, dicho presupuesto ha tenido un “secretismo”, afirmaron las comunidades, ya que Hacienda no lo ha publicado a pesar que se entregó al Legislativo el pasado 30 de septiembre. “Esto sienta un precedente negativo en términos de transparencia y acceso a la información pública porque obstruye la posibilidad de conocer en qué va priorizar el gobierno el próximo año”, detallaron.
Beatriz Miranda, representante de la Cordillera del Bálsamo, dijo que como comunidades han hecho la agenda ciudadana con base a las necesidades que actualmente existen, por ejemplo, apostarle a Ciudad Mujer, que según Miranda la atención ha bajado en esa institución, por lo que pidieron una política fiscal que no tenga intereses de grupos que tienen la capacidad de reproducir desigualdades. Por ello, plantearon la necesidad de establecer una justicia fiscal que incluya varios aspectos esenciales, entre ellos, la equidad que parta de reconocer roles socialmente asignados, conductas e ingresos, acuerdos fiscales para tributación con inclusión.
La plataforma ciudadana AltavozES está conformada por comunidades, pueblos indígenas, mujeres, ambientalistas y ciudadanos que han participado en la construcción de la agenda que esperan que las decisiones del Estado sean para garantizar los derechos tales como, el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a la infraestructura social, a una vida libre de violencia, en este último apartado, las organizaciones manifestaron que durante la construcción de la agenda, en los espacios se pedía la paz y “no más militares que persiga a los jóvenes”, ya que según expresaron, “la salida de los cuerpos militares a ejercer tareas de seguridad pública ha significado una percepción de mayor vulnerabilidad ante posibles abusos”.
La agenda también contempla que se debe garantizar el derecho a la justicia, derecho a la autodeterminación, cuidado de la naturaleza y el respeto a incipientes avances democráticos.
Por lo anterior enviaron una carta a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para que sean considerados los puntos de vistas que ellos, como comunidades, tienen. Además instaron a dicha comisión a que el proyecto de presupuesto para el año 2022 sea un debate público, y que diversos sectores tengan participación real del mismo. La carta fue recibida por las diputadas, Dina Argueta, de FMLN, y Claudia Ortiz, de VAMOS, para que las hiciera llegar a la comisión.
