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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Dennis Muñoz, defensor particular de los cinco ambientalistas de Santa Marta, presentó un escrito ante la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque, Cuscatlán, en una ampliación de la apelación presentada el pasado 14 de febrero ante este tribunal.
“Son argumentos adicionales basados en sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte -IDH) vinculantes con el Estado de El Salvador. Con esta acción jurídica se pretende revertir la detención provisional de los defensores ambientales”, explicó.
“Esto son casos de México y Argentina, en donde en efecto la misma medida sustitutiva puede ser revisada, y que no debe de ser desproporcionada a la detención provisional. Porque es la medida más excepcional que debe ser tomada por los Estados en contra de las personas detenidas, más aún en este caso particular procede”, agregó Muñoz.
La sentencia en mención referida a México, retoma que la Corte IDH, señaló que el Estado fue responsable de violar la libertad personal, la presunción de inocencia, las garantías judiciales y la protección judicial de esas personas que fueron privadas de liberad como parte del proceso penal del que fueron objeto.
Entre los contenidos jurídicos de la sentencia de la Corte IDH, señaló que en cuanto a la “prisión preventiva” aplicada en ese caso a ciudadano mexicanos, contrariaba la Convención Americana por no hacer mención sobre las finalidades de esta acción ni los peligros procesales que buscaría precaver tal medida.
El escrito hace hincapié en que la “aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso” la Corte IDH concluyó que el “Estado (mexicano) vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas”, dice la sentencia.
La sentencia de la Corte IDH agrega que las “condiciones de incomunicación y aislamiento en las que estuvieron las víctimas”, violentaron su derecho a la integridad personal. Muñoz esta jurisprudencia adecuada para aplicar en el caso de los ambientalistas de Santa Marta y ADES.
“Considerando que ya se ha resuelto un incidente de recusación en donde se apartó a uno de los magistrados, entonces, va a conocer un magistrado suplente, consideró que hemos dado más herramientas legales y fundamentales para que pueda resolverse a favor de las personas detenidas en el caso de Santa Marta”, señaló.
“Se tienen que tomar en cuenta que esas sentencias de la Corte IDH, porque El Salvador forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José, y como parte del continente y en consecuencia debe de ser aplicable”, sostuvo Muñoz.
En cuanto al artículo 144 de la Constitución de la República, el defensor particular señaló que dichas sentencias de la Corte IDH, además de constituirse en una “fuente del derecho”, no caben dudas que el mismo artículo 144 aclara que si existe un “choque o una pugna entre la Constitución y el Tratado, pues prevalece el Tratado”, expresó.
Solidaridad internacional por captura de ambientalistas
Los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, junto a los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, recibieron una adhesión más de diversas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, ambientales y sociales.
En su comunicado Mugarik Gabeko Ingeniaritza Ingeniería Sin Fronteras, Lumaltik Herriak, Iralabarri Berdinak Gara y PERIFÈRIES, sumaron su apoyo y exigencia al gobierno salvadoreño la liberación inmediata de estos líderes comunitarios tras señalar que “No son Criminales, son Defensores del Agua y la Vida”.
“Tres meses después de su captura de madrugada y mediante un amplio y sin sentido dispositivo policial de tales magnitudes, los 5 líderes comunitarios de ADES y de Santa Marta siguen privados de libertad, sin contacto alguno con familiares y abogado desde hace semanas, acusados de graves delitos con débiles pruebas y retorcidas argumentaciones”, señalan las organizaciones.
“Como organizaciones sociales y de solidaridad internacional del Estado español, seguimos con atención y preocupación lo que está sucediendo en El Salvador, en general, y en ese caso particularmente. Tenemos el convencimiento de que, tras este injusto proceso, se esconde una estrategia gubernamental para generar miedo, amedrentar y desmovilizar al sector social salvadoreño organizado y preparar las condiciones para modificar o derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, señalaron.
Las organizaciones reiteraron el llamado al Estado salvadoreño que abandone su política de “criminalización y judicialización de la acción de las organizaciones sociales”, y en defensa de los las personas que defienden derechos humanos.
Las organizaciones internacionales también exigieron el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los cinco ambientalistas salvadoreños.
