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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Sólo queremos que nos paguen los daños materiales, porque nos han perjudicado severamente, nos dejaron sin ramadas, mesas, sillas, hamacas. Nos sentimos en un callejón sin salida, para mantener a nuestras familias, y viene ya el invierno”, expresó, Yanet Elizabeth Jiménez, comerciante afectada con la quema de puestos de venta en la playa de Costa del Sol.
Las organizaciones de derechos humanos y movimientos populares acompañaron a las comerciantes afetadas por el desalojo forzado en la Costa del Sol, a finales de la semana pasada.
Tras la destrucción de las ramadas y otros bienes de las comerciantes de la playa Costa de El Sol, fue ordenada la captura del alcalde de la Paz Centro, Armando Jirón, del partido GANA, en la madrugada del 14 de mayo, junto a César Augusto Ticas, jefe de Catastro de la comuna, por el delito de contaminación ambiental. “Nosotros queremos decirle al presidente (Nayib Bukele), que no nos desampare, que él es un hombre trabajador y que nos venga apoyar, y nos de una buena solución para llevar la alimentación a nuestros hijos que dependen de nuestro ingresos del día a día para sobrevivir”, exhortó Yanet Jiménez.
Rudy Joya, abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (UNIDEHC), junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), informaron que se encuentran dando apoyo y acompañamiento a más de 59 familias y comerciantes que se han visto afectados por este desalojo en la Costa del Sol.
“Hemos revisado la resolución del Juzgado Ambiental, y ese dictamen no establecía desalojos, sino que establecía otro tipo de medidas cautelares que se podían implementar y como última medida era el desalojo”, dijo la abogada.
“Incluso, establecía (la sentencia) que si había desalojo la Alcaldía Municipal tenía que establecer un plan de reordenamiento o reubicación de los comerciantes-lo cual- no hubo, sino única y exclusivamente se dio el desalojo de manera arbitraria”, explicó Joya.
Con lo anterior desmienten las declaraciones brindadas, antes de su captura, del alcalde Armando Jirón, cuando afirmó que “sólo estaba cumpliendo con una sentencia del Juzgado Ambiental”. La abogada calificó como una “mentira” las declaraciones del edil, porque en el cuerpo de esa resolución se habla de un proceso de ordenamiento y reubicación de los comerciantes antes de un desalojo.
“Es por esto que ahora vamos a presentar un Aviso Penal, por estas familias de comerciantes, señalando cuatro delitos: el primero es de amenazas, con el agravante especial de quemar las pertenencias de los comerciantes, es decir, dichas acciones, quemar las ramadas donde estos comerciantes tenían sus negocios es prácticamente un delito”, manifestó.
“El otro delito es por los actos arbitrarios, porque la sentencia no se cumplió en su totalidad, y como tenía que ser, sólo fue el tema del desalojo. Esto es producto de la falta de personal competente dentro de las instituciones públicas, y en este caso la municipalidad, recae el señalamiento porque realizó estas acciones”, sostuvo Joya.
Joya agregó, que en calidad de defensores de los comerciantes afectados, ya reportaron de esta situación al Juzgado Ambiental, ante todos los daños que se han causado a las familias que contaban con un puesto de venta a las orillas de la playa.
“Es hasta paradójico que el alcalde diga que cumplió una sentencia judicial ambiental, cuando todo lo que vimos fue el despojo y quema de todas las pertenencias de los comerciantes, que esa acción también fue contaminación ambiental que provocaron sus capturas”, señaló.
“Hacemos ver también ¿Por qué los funcionarios públicos realizan estas actividades en horas de la noche?, cuando sabían que nadie estaba allí a esas horas, pero estas familias y comerciantes perdieron el temor y denunciaron, grabando los videos que circularon en las redes y fotografías de las quemas, es por esto que hemos venido a presentar este Aviso Penal”, explicó Joya.
Movimientos Populares cierran filas ante violencia
Sonia Urrutia, del Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), reafirmó que desde la entrada del primer gobierno del presidente Nayib Bukele (2019), se ha impulsado y ejecutado una “arremetida” contra los sectores populares, que va en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía.
“Sabemos que todo el proceso de los desalojos no arrancó con la zona costera, se ha venido desarrollando toda una política de amenaza y persecución en contra de quienes utilizan para sus medios de vida sus propios esfuerzos de ventas y solventar el tema de la alimentación de la familia salvadoreña”, manifestó.
“En este caso específicamente los desalojos han sido con el agravante del uso de la fuerza desmedida. Nosotros, desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y UNIDEHC, junto a las comunidades de los diferentes sectores, les acompañamos para interponer este Aviso Penal, para dar respuesta a toda crítica que está enfrentando la familia salvadoreña, tratando de subsistir”, reiteró Urrutia.
Como movimiento popular, el BRP espera respuestas por parte del Estado, frente a estas acciones que lindan con lo ilegal, al buscar favorecer solamente una lógica de desarrollo turístico en detrimento de la subsistencia de vida del pueblo.
“Queremos remarcar que la captura del alcalde por el desalojo está hecho; pero no hay respuesta concreta a las personas que tenían sus locales, no frente a los hoteles, sino frente al Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), para que lleguen turistas a esta zona que sólo encarecen la vida de los habitantes, esto impacta de manera desmedida, desigual y violenta de las familias que viven en la zona”, sostuvo Urrutia.
Teníamos 40 años de vender
Reina Concepción Mejía sólo quiere que resarzan los daños por las quema de su negocio en las ramadas de un tramo de la playa en la Costa del Sol, departamento de La Paz, por lo que solicitó el pago por daños a sus bienes materiales como hamacas, sillas y mesas.
“Llegaron de noche, como si fueran unos ladrones, sin justificar nada y cuando comenzamos desesperadas a grabar eso, los agentes de la Policía Nacional Civil nos dijeron que no podíamos grabar, porque era un abuso lo que estábamos haciendo varias personas”, relató.
“Los agentes de la PNC nos amenazaron, luego que llegaron el 10 de mayo que nos fueron a dejar el papel con una lista de que nos iban a desalojar. Y que si no aceptábamos -nos advirtieron-que allí estaba el CECOT abierto para nosotras”, expresó Mejía.
La comerciante agregó que están quitando oportunidades a las personas sin un empleo formal, para poder generar ingresos económicos en sus hogares. Y lamentó el engaño del funcionario Benjamín Bran (del ISTU), que al principio les prometió un espacio al interior del turicentro para sus negocios de comida.
“Benjamín Bran, dijo que los que estábamos afuera éramos una escoria, que no servimos, que él lo que quería era el desalojo desde el muro hasta la orilla del mar y eso nunca ha sido así. Se retractó de eso, que porque no contábamos con un bachillerato, eso fue el 9 de abril, que lo supimos”, indicó Mejía.
Concejo Municipal rechazó Mesa de Diálogo
Ivania Cruz, asesora legal en derechos humanos de UNIDEHC, indicó que antes de los desalojos arbitrarios y quemas de las ramadas, buscaron una mesa de diálogo con el alcalde Armando Jirón, abogados y los comerciantes de la zona en cuestión, con el fin de frenar los desalojos de manera forzada que venía impulsando.
“Y cómo es posible que después de presentarle ese escrito, solicitando la mesa de diálogo en horas de la mañana, nos damos cuenta que en la noche realizaban de nuevo este tipo de actos que nosotros calificamos de actos vandálicos, que no vienen a ser actos de funcionarios públicos”, acotó.
“Lo preocupante es que hay una investigación abierta, pero la solución no sólo es mantener encarcelado al alcalde (Armando Jirón), y ¿Por qué nadie está pensando en los comerciantes?, que su única fuente de ingreso era su venta en las ramadas.
Y queremos una investigación también, si hay una investigación de los hoteles también por la contaminación ambiental o existen otros intereses económicos”, reflexionó Cruz.
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