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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
La Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) tres avisos penales en contra de alcaldes y ex alcaldes. Uno de los casos está relacionado con la escrituración de una comunidad y los otros dos acerca de dos comerciantes desalojadas de sus puestos de trabajo “sin el debido proceso”.
Rudy Joya, vocero y abogado de UNIDEHC, presentó el primero de los casos en contra del ex alcalde de Tecoluca, Nicolás Antonio García Alfaro, y del actual alcalde de San Vicente Sur, Josué Palacios, por los delitos de estafa agravada, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, ya que 12 familias que residen en la comunidad 1º de mayo (predio municipal) desde hace más de doce años esperan que la municipalidad les entregue las escrituras de sus terrenos.
“Incluso, habían prometido realizar los distintos procesos legales para la entrega de estas escrituras y hasta la fecha no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de la municipalidad específicamente y hoy por hoy la alcaldía de San Vicente Sur”, enfatizó Joya.
El siguiente caso se trató de Rosa Dolores Vásquez, “quien sufrió diferentes actos arbitrarios de parte de la alcaldía que antes era Aguilares”. Según detalló Joya, el aviso penal fue en contra del alcalde anterior, Wilfredo Edgardo Peña, y el actual alcalde, Armando Barrera, por los delitos de daños, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, debido a que Vásquez es una comerciante desalojada “sin el debido proceso”.
“Ella pagaba sus impuestos y tenía su negocio desde casi seis a ocho años y de repente, sin un debido proceso, le quitan prácticamente su negocio, ponen a otra persona y la desalojan. Hasta la fecha, el alcalde anterior y el actual no han dado respuesta a varios de estos temas, incluyendo escritos que hemos presentado desde enero”, puntualizó el abogado.
El último caso presentado fue sobre Madeline Videz, que de igual manera era comerciante en San Marcos, San Salvador Sur, quien fue víctima de los delitos de daños con agravante especial, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por parte de la exalcaldesa Cindy Evelyn Andrade Aguilar y el actual alcalde Mario Vásquez. De acuerdo con Joya, Videz también pagaba impuestos municipales y contaba con los permisos de la alcaldía para estar en el predio municipal donde comercializaba desde hace más de 15 años.
“En abril de este año le desmantelaron su negocio y la sacaron de dicho predio que está enfrente de la iglesia católica de San Marcos. No es posible que sin el debido proceso se estén violentando los derechos de los ciudadanos que pagan impuestos y que quieren trabajar”, agregó Joya.
Estos tres avisos penales se unen a los cuatro más presentados por UNIDEHC en lo que va de julio. El primer caso fue en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro, por tres delitos relacionados con la eliminación del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) en 2023.
El segundo fue en contra del ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, por el desmantelamiento de dos ramadas de comerciantes en Costa del Sol, ubicado en San Luis La Herradura, La Paz.
El tercero se trató de Antonio Emilio Aguilar, quien fue “capturado arbitrariamente” por elementos de la Fuerza Armada. El cuarto caso fue el de Fidel Antonio Zavala Pérez, quien fue detenido en 2022 por “estafa” y luego absuelto por un tribunal de sentencia.
“Como saben, hemos venido desarrollando una serie de presentación de avisos penales en los cuales han estado implicados funcionarios públicos, ministros e incluso el director general de Centros Penales. En este caso presentado hoy, no es posible que los hayan desalojado sin una notificación del porqué se van a desalojar. Pero hasta la fecha, en los dos casos de comerciantes, los alcaldes en ningún momento han mencionado que ellos hayan hecho alguna falta dentro de su trabajo o porqué se les está desalojando”, concluyó Joya.
