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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos avisos penales en los que solicitó que se investigue a los titulares del Ministerio de la Defensa Nacional y de Centros Penales por supuestos delitos cometidos en contra de dos salvadoreños ex privados de libertad.
El primero de los casos presentados por UNIDEHC se trata de Antonio Emilio Aguilar, quien el 30 de marzo de este año fue “capturado arbitrariamente” por elementos de la Fuerza Armada. Por lo tanto, el aviso fue en contra del ministro de la Defensa Nacional y la Fuerza Armada de El Salvador, René Francis Merino Monroy, por dos delitos de coacción y actos arbitrarios.
Según UNIDEHC, Aguilar se encontraba en su residencia cuando elementos de la Fuerza Armada lo sacaron de forma “engañosa” para obligarlo a pintar un grafiti en una de las zonas que ellos estaban patrullando, por lo cual los militares lo acusaron de estar en “flagrancia”.
“También es una tortura que las autoridades estén tratando así a las y los ciudadanos. Es así como él se dispuso a hacer esto y posteriormente fue capturado, lo privaron de su libertad y salió el 14 de junio de este año. Es por esto por lo que Emilio tuvo la valentía de denunciar la violación de sus derechos y de todos los que le violentaron dentro de Centros Penales”, explicó Ivania Cruz, vocera de UNIDEHC.
El segundo aviso fue en torno al caso de Fidel Antonio Zavala Pérez, quien fue detenido en 2022 por “estafa” y luego absuelto por un tribunal de sentencia. Rudy Joya, apoderado legal de Pérez y vocero de UNIDEHC, comentó que a Pérez se le ha bloqueado toda forma de poder trabajar luego de haber sido liberado. Además, no puede abrir cuentas bancarias porque la FGR lo mantiene con alerta en el tema de delitos financieros y por antecedentes penales.
“Esto es parte de lo que venimos a presentar, pero más allá, el Estado hace poco en una audiencia dijo que en El Salvador no había torturas, muertes en Centros Penales y que no había corrupción. En este caso, Fidel estuvo en dos penales y viene a explicarle a la Fiscalía cómo fue testigo de torturas dentro de los Centros Penales”, agregó Joya.
De la misma manera, Pérez afirmó que durante los trece meses que fue detenido fue testigo de muertes, negligencia de médicos, torturas y personas con delitos comunes tratados como personas capturadas bajo régimen. Asimismo, declaró que podría hacer un careo de rostros y de alias de las personas que cometieron estos delitos en contra de los privados de libertad.
“Es muy difícil este tema (…) Fui testigo de cómo las personas salían de las celdas en bolsas negras y de la negligencia de los médicos que, cuando alguien con enfermedades crónicas está enfermo, simplemente lo dejan pasar y dicen ‘ponlo al sol, ya se le va a pasar’”, señaló Pérez.
Por ello, el aviso penal se realizó en contra del director del centro penal de Mariona, del director del centro penal de Santa Ana y del director general de Centros Penales, Osiris Luna, por cinco delitos: coacción, tortura, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y cohecho.
De esta manera, UNIDEHC suma cuatro de diez avisos penales que interpondrán este mes. El primero de ellos fue en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro, por tres delitos relacionados con la eliminación del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) en 2023.
El segundo fue el viernes 12 de este mes en contra del ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez. Según señaló UNIDEHC, Rodríguez habría cometido cuatro posibles delitos en el caso de desmantelamiento de dos ramadas de comerciantes en Costa del Sol, ubicado en San Luis La Herradura, La Paz.
En este sentido, Cruz destacó que las denuncias han sido producto de manera voluntaria de las víctimas que han sufrido “indignación de que el Estado no haya justicia y un sistema que garantice los derechos de las víctimas”. “Ellos han dicho, nosotros sí vamos a hablar por los que todavía siguen allá adentro (…) ellos prefieren exponerse porque aquellas personas que se esconden y no lo hacen es más fácil que una recaptura. Ahora ellos han dado su cara porque no le deben nada al Estado, ellos son inocentes y sufrieron torturas y actos en todo el proceso”, concluyó.
